La Sala Plena del tribunal Superior de Justicia de Bolivia elaboró una iniciativa de Ley para el Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal que pretende, como su nombre lo indica, implementar medidas para agilizar los procesos penales.

Se trata de una iniciativa de ley que contiene 33 artículos y tres disposiciones transitorias que modifican el Código de Procedimiento Penal y la Ley del Órgano Judicial y que pretende acabar con el retraso o mora procesal en Bolivia donde se calcula que cerca del 85 por ciento de los internos en los penales del país tienen detención preventiva, debido a que sus procesos se siguen resolviendo.

La iniciativa parte por crear la figura de la “conversión extraordinaria de acción de investigación preliminar”. Es decir, permitir a la víctima con representación de un abogado de seguir la acción si el fiscal del caso no toma acción en los 20 días que establece la ley. Se considera que se trata de una medida importante porque en Bolivia hay 200,000 procesos penales, de los cuales 150,000 están en etapa preliminar de la pesquisa que depende del Ministerio Público.

La iniciativa también prevé limitar el uso abusivo de las excusas, recusaciones, excepciones e incidentes que alargan los juicios. Para ello se propone que si un abogado plantea indebidamente una excepción por segunda vez, el término de la prescripción del delito se computará de cero, es decir, descontar los años que han pasado para la prescripción del delito que es juzgado

El Tribunal Superior califica al abuso de estas medidas procesales como uno de los males de la justicia. Así, por ejemplo, en uno de los casos más mediáticos, conocido como Terrorismo, en los cinco años de juicio, ya se llegaron a superar los 220 incidentes.

Esta iniciativa de ley también plantea un cambio en los períodos de vacaciones del poder judicial para que éstas sean individuales y ya no colectivas, porque esa suspensión de 25 días genera mayor mora procesal.

De esta forma, la iniciativa dispone que los magistrados, los vocales y jueces y los servidores de apoyo jurisdiccional, gozarán de vacación anual de 25 días calendario, continuos e individuales que serán regulados por el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales. Durante estas vacaciones individuales se deberá garantizar la continuidad de los servicios.

Otra medida propuesta dispone que mientras se descongestione el sistema judicial, los tribunales de sentencia funcionen con un juez técnico y dos ciudadanos para que el segundo juez pueda adelantar audiencias en otro caso. Actualmente estos tribunales funcionan con dos jueces técnicos y tres ciudadanos.

Además de lo propuesto ya se ha pedido la creación demás tribunales en Bolivia. Al respecto Juan Carlos Berríos, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, declaró que en el departamento de La Paz cada juez tiene que atender entre 1,100 a 2,000 juicios. “En 2013, los 180 juzgados, cerca de 200 jueces y los 20 vocales hemos hecho frente a cerca de 220,000 procesos, es decir, casi 1,100 causas por juez promedio. Existen casos muy preocupantes en el área penal donde un juez tiene más de 2,000 causas”, dijo.

El proyecto de Ley para el Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal ya fue presentado por el Tribunal Superior de Justicia de Bolivia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que cumpla con el trámite legislativo correspondiente.

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