El pasado miércoles el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ratificó la Ley contra la Violencia Sexual la cual otorga una mayor protección a las víctimas de violencia sexual particularmente con ocasión del conflicto armado, tipificando estos delitos como de lesa humanidad, es decir, que no prescriben en el tiempo y que se pueden denunciar e investigar sin importar el número de años que han pasado.
De esta forma la ley dispone que los actos de violencia sexual, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, deberán ser declarados por la autoridad judicial como crímenes de lesa humanidad, incluidos el embarazo, la esterilización y la desnudez forzadas.
Al proteger particularmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentren en zonas de conflicto, establece que la violencia sexual no sólo debe entenderse como un acto físico, sino también cuando se obra en contextos de coacción o mediante amenazas o uso de poder.
Aunado a la imprescriptibilidad de los delitos, la ley dispone que la carga de la prueba recae sobre los organismos investigadores y no sobre las víctimas, lo que significa que las autoridades administrativas y judiciales deberán presumir que la víctima dice la verdad, especialmente si ésta es menor de edad.
Asimismo la ley dispone que los investigadores deberán utilizar técnicas de alta calidad para la obtención de pruebas sin ser degradantes para la víctima y minimizando toda intrusión en su intimidad.
Otro aspecto importante que se contempla en esta ley es que la violencia sexual será castigada con igual severidad, sin importar si el responsable es militar o no, disponiendo que si el responsable es integrante de las fuerzas armadas serán los tribunales ordinarios y no los militares quienes tengan la jurisdicción y revisen el caso.
De acuerdo con el representante en el Congreso de Colombia, Iván Cepeda, impulsor de esta ley, la misma podría beneficiar a las más de 500,000 mujeres que se calcula que han sido víctimas de la violencia sexual en Colombia en la última década.
De esta cantidad, tan solo hay 4,672 mujeres reconocidas como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto y de ellas ya se han indemnizado 2,095 con un monto de 37,700 millones de pesos colombianos según lo informó el presidente Santos al firmar esta ley que ya inició su vigencia.
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