Una auditoria a la controvertida reforma agraria conducida en Zimbabwe en el año 2000 ha revelado un sinnúmero de irregularidades que el ministro de Tierra y Reubicación, Douglas Mombeshora ha declarado que deben abordarse, aunque agregó que ejecutar planes para corregir las irregularidades costaría al país 32 millones de dólares.

La reforma agraria se realizó bajo el gobierno de Robert Mugabe con el supuesto objetivo de revertir el desequilibrio colonial. Por tal motivo se expropiaron terrenos a más de 4,000 granjeros comerciales de raza blanca y se adjudicaron a indígenas de Zimbabwe. La Ley de Indigenización y Empoderamiento Económico ratificada en 2008 define que es un indígena, “cualquier persona, o sus descendientes, que antes del 18 de abril de 1980 se encontrara en desventaja por discriminación injusta en términos de su raza”.

Sn embargo la auditoría revela que pese a que no se podía adjudicar tierra a menores de 21 años hay muchos propietarios registrados que tienen hasta 10 años de edad lo que explica, según el ministro, que la tierra expropiada y adjudicada haya permanecido ociosa. El ministro explica este fenómeno señalando que hubo personas que presentaron identificaciones de sus hijos, pero mintieron sobre sus edades.

Esta reforma agraria ha sido muy criticada incluso porque las mejores tierras de cultivo fueron adjudicadas a Robert Mugabe, familiares y allegados, haciendo de la familia del presidente el mayor latifundista del país.

Las expropiaciones fueron combatidas por los antiguos propietarios en tribunales, pero poco lograron con ello, pese a haber obtenido resoluciones favorables. Tal fue el caso de 75 ex propietarios que llevaron su caso ante el Tribunal de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur, SADC por sus siglas en inglés, órgano que concluyó que la expropiación de las tierras de “blancos” era desproporcionada y no encontraba justificación, ya que las tierras no fueron entregadas a comunidades pobres o marginadas y que las hectáreas expropiadas eran una muestra tendenciosa del gobierno en contra de los demandantes, lo que indicaba claramente que habían imperado nociones raciales y por ello discriminación.

El gobierno de Mugabe no reconoció la jurisdicción de este tribunal porque no se habían agotado las instancias internas, pero también los demandantes prefirieron retirarse del caso frente a las amenazas sufridas.

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