El pasado viernes la Corte Suprema de la India rechazó pronunciarse sobre una interpretación del término “juvenil” y dejó esta tarea al Tribunal Penal. Lo anterior en relación con el caso de la violación masiva ocurrida en un autobús en Nueva Delhi en diciembre de 2012 que llevó a la muerte a la mujer víctima de este atroz ataque.

Dos solicitudes se presentaron ante la Suprema Corte para que definiera el término “juvenil”, una de ellas por parte de la organización Subramanian Swamy y otra por los padres de la víctima del ataque de 2012.

De ese ataque la policía detuvo a seis personas. Uno de ellos falleció bajo custodia policíaca y los otros fueron procesados por el delito. De ellos, cuatro adultos fueron sentenciados en agosto de 2013 a la pena de muerte, sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Delhi. El quinto detenido tenía 17 años y 6 meses en la fecha de la comisión del delito por lo que fue remitido al Tribunal de Justicia Juvenil donde fue encontrado culpable y sentenciado a tres años en un reformatorio.

Frente a este última sentencia los padres de la víctima pidieron a la Suprema Corte que se pronunciara sobre qué debe entenderse por juvenil pidiendo que se declarara inconstitucional la facultad del Tribunal de Justicia Juvenil de procesar a los acusados que han cometido delitos conforme al Código Penal de la India, impidiendo actuar a los tribunales penales en estos casos.

Así, los padres de la víctima señalaron en su escrito que “un juvenil puede ser procesado y sentenciado por tribunales penales por las ofensas mencionadas, por la discrecionalidad judicial fundamentada en principios de derecho referentes a la sentencia tomando en cuenta, entre otros factores, la naturaleza y la gravedad del delito”.

El procurador general, quien se oponía a esta solicitud, defendía que el sistema judicial no se “perdía” ante tribunales juveniles y que la edad de 18 años para procesar en tribunales penales a las personas había sido fijada como una parámetro válido fundamentado en investigaciones realizadas en todo el mundo.

La organización Swamy, por su parte, fundamentaba su solicitud no sólo sobre el caso de la violación masiva de diciembre de 2012 sino para fijar un criterio válido para todos los casos y en ella explicaba que la rigidez de la ley india de fijar la edad de 18 años para determinar responsabilidades penales es violatoria de la Convención de las Naciones Unidos sobre los Derechos de la Infancia porque este documento señala que la presunción de la edad de responsabilidad penal se debe tomar teniendo en cuenta la madurez intelectual del delincuente.

Por lo pronto no se han negado los argumentos expuestos por las partes y la decisión de la Suprema Corte de la India significa que el asunto debe ser resuelto directamente por el Tribunal Penal aunque no por el Tribunal de Justicia Juvenil.

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