El grupo de comunicaciones Seven West Media de Australia presentó una demanda ante una corte federal contra la Policía Federal australiana por los allanamientos que realizaron a sus instalaciones buscando documentación sobre un supuesto contrato de una entrevista exclusiva con Schapelle Corby, la mujer que estuvo presa en Indonesia por tráfico de drogas.

De acuerdo con los abogados de Seven West Media las órdenes de allanamiento a las instalaciones del grupo fueron obtenidas de un magistrado local con fundamentos erróneos. Las instalaciones de la revista del grupo y de las oficinas del abogado de Schapelle Corby también fueron allanadas.

De acuerdo con la policía el grupo mediático había firmado un acuerdo con Schapelle Corby por dos millones de dólares australianos por una entrevista exclusiva. De haber sido así, el acuerdo sería ilegal conforme a la Ley sobre Procedencias de Delitos que prohíbe a las personas obtener beneficios económicos derivados de la comisión de un delito.

Schapelle Corby fue encontrada culpable y sentenciada en Indonesia por tráfico de drogas. Obtuvo una liberación anticipada gracias a un perdón sobre bases humanitarias otorgada por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono. Su caso, sin embargo, fue mediatizado en Australia y su liberación uno de los eventos más televisados.

Este asunto de los allanamientos llegó incluso al Senado donde un comité interrogó al comisionado de la policía federal de Australia, Tony Negus, quien dijo que el grupo de comunicaciones había entregado documentación a la policía antes de los allanamientos, aunque no toda la documentación requerida razón por la cual procedieron con el operativo.

Como el grupo considera que entregaron la información suficiente, están pidiendo a la corte federal que examine no la orden judicial para hacer los allanamientos sino los medios por los cuales la policía federal obtuvo la orden.

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