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Respecto del hundimiento de una barcaza en la bahía de Santa Marta, Colombia, el 13 de enero de 2013, el fiscal general, Eduardo Monetalegre, anunció que seis empleados de la empresa de carbón Drummond, serán imputados por el daño ambiental ocasionado por el vertimiento de 500 toneladas de carbón en la bahía.

De esta forma se anunció la imputación de cuatro ejecutivos y de los dos operarios de las grúas responsables cuando la barcaza que llevada el carbón se accidentó en el mar Caribe, ocasionando gran daño ambiental.

Estas imputaciones se suman a la multa de 6.965 millones de pesos colombianos que el ministerio del Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, impuso a la empresa Drummond, la más alta que ha sido impuesta de acuerdo con el ministerio.

Respecto de sus operaciones en Colombia, además de las consecuencias legales de este accidente, en un lapso de once años la empresa ha sido demandada en tres ocasiones diferentes por varios individuos que acusan a la multinacional de haber colaborado con grupos paramilitares en el departamento del Cesar entre 1997 y 2006.

Estos procesos se presentaron en los Estados Unidos invocando la ley que dispone que las cortes estadounidenses tienen jurisdicción en materia civil cuando un extranjero argumenta haber sufrido un agravio en relación con las leyes de la nación donde se cometió el agravio o de un tratado de los Estados Unidos. Esta ley se conoce como Alien Tort Statue.

Estas demandas han sido desechadas porque se ha considerado que no se ha probado suficientemente que Drummond conspiró en los Estados Unidos para ayudar a la comisión de crímenes de guerra en Colombia.

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