El pasado 4 de noviembre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, notificó la sentencia del caso de varios ex magistrados destituidos de sus funciones por el congreso de Ecuador el 25 de noviembre de 2004.
Estos 27 magistrados eran vocales del Tribunal Constitucional y en sesión del Congreso Nacional los diputados aprobaron su destitución y sujeción a un juicio político.
Nueva años después de ocurridos los hechos, la CIDH falló a favor de los magistrados estableciendo que el Congreso Nacional no tenía competencia para cesarlos de sus funciones, además de que no fueron notificados de la celebración de la sesión en la que el Congreso los separó de sus cargos por lo que no contaron con la posibilidad de responder los argumentos por los que fueron destituidos.
Por las violaciones que el estado de Ecuador cometió a la Convención Interamericana de los derechos Humanos, condenó al estado de Ecuador a pagar a los ex magistrados una indemnización como compensación por la imposibilidad de retomar sus funciones como vocales del Tribunal Constitucional, además de pagar indemnizaciones compensatorias por daño material e inmaterial y reintegrarles los gastos judiciales. Lo anterior significa que el estado ecuatoriano deberá pagar una millonaria compensación a los magistrados destituidos.
Conocida esta sentencia, la Procuraduría General del Estado de Ecuador, PGE, emitió un comunicado en el que da a conocer que se dio inicio “a las acciones de protección por parte de las autoridades involucradas en los hechos que generaron la responsabilidad del Estado”. Estas acciones de protección implican hacer responsables de pagar las indemnizaciones a quienes causaron los hechos demandados, es decir, hacer responsables del pago a los diputados que el 25 de noviembre de 2004 votaron a favor de la destitución de los magistrados.
El controvertido anuncio de la PGE ha sido objeto de cuestionamientos legales no solo por quienes eran diputados en ese momento sino también por juristas e incluso por el actual presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño.
De esta manera se ha cuestionado la defensa que la PGE hizo del caso ante la CIDH, argumentándose que el estado ecuatoriano quedó en estado de indefensión debido a la pobre defensa realizada por el gobierno y la PGE.
Asimismo, se ha cuestionado la procedencia de las acciones de protección contra los diputados de ese entonces debido a que tanto en la Constitución vigente en 2004 como en la actual se establece inmunidad de los diputados por los votos realizados en el ejercicio de sus funciones.
La sentencia de la CIDH, como lo recordó el presidente de la Corte Constitucional es un fallo vinculante y obligatorio para Ecuador por lo que corresponde cumplir con él y pagar las indemnizaciones, algo que posiblemente no suceda en un futuro muy cercano debido a la postura de la PGE quien al parecer quiere tapar un hoyo destapando otro.
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