En el solemne acto de ‘Apertura Judicial’ celebrado en el salón de plenos del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado en España ha presentado ante el rey Juan Carlos, la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.

 

Esta memoria anual el fiscal general puede incluir propuestas de “reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia”. En esta ocasión, la propuesta que ha llamado más la atención es la de considerar como delito el “facilitar” el acceso a una obra literaria, artística o científica o su transformación, interpretación artística o ejecución, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

 

Lo anterior significa el considerar como delito la divulgación de enlaces a material protegido por derechos de autor, publicado sin la autorización de los titulares de esos derechos.

 

La sanción aplicable sería una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses a los responsables de las páginas de enlaces que facilitan el acceso irregular a contenido protegido sin contar con permiso o autorización correspondiente.

 

El fiscal general del Estado considera que “la evolución tecnológica ha determinado la generalización de otros comportamientos que no se adecuan en alguna de las conductas típicas” que aparecen en el artículo 270 del Código Penal español, que define las conductas que serán consideradas como delitos en contra de la propiedad intelectual.

 

Para el fiscal general del estado “facilitar el acceso” se refiere “a aquellos supuestos en los que el acceso irregular a las obras protegidas se lleva a efecto a través de un redireccionamiento desde una página de Internet a otro sitio web en el que se encuentra la obra audiovisual sin contar a los efectos de dicho acceso con los permisos y autorizaciones de los titulares de los derechos de autor. Se trata, en definitiva, de la actividad que realizan los responsables de lo que en términos vulgares se conoce como páginas de enlace”.

 

En general la doctrina y la jurisprudencia hasta el momento ha considerado que incluir “facilitar el acceso” en la redacción actual del citado artículo 270 “implicaría una rechazable interpretación extensiva del tipo penal”.

 

Al no poder enmarcarse la conducta en los supuestos de ese artículo “existen dificultades para la persecución en  vía penal de dichas actividades aún cuando las mismas reúnen el resto de los elementos típicos, es decir, ánimo de lucro comercial… ausencia de autorización del titular de derechos y el perjuicio económico derivado de ello”.

 

Según argumenta el fiscal general, “la actividad que se realiza por los responsables de estas páginas de enlace facilita sin duda la ejecución de las conductas expresamente previstas en el Código Penal y potencia además la posibilidad de llevarlas a efecto, y genera a unos y a otros importantes beneficios económicos”.

 

Además, considera que “la frecuencia con la que los usuarios de Internet utilizan este sistema como medio para la descarga o visionado de obras audiovisuales está determinando que a través de estos procedimientos se estén causando graves perjuicios, tanto a los titulares de los derechos como a la industria cultural y creativa”.

 

Por todo ello, el fiscal general del Estado se “sugiere, que al igual que el legislador hizo en su momento en relación con otros tipos penales, como es el caso de los delitos relacionados con la pornografía infantil, con el propósito de hacer factible la persecución de este tipo de comportamientos, se incorpore a la relación de conductas típicas sancionadas en el artículo 270 del Código Penal”

 

La redacción que se sugiere para incluir el nuevo tipo penal sería en los siguientes términos:

 

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses quien con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, facilite el acceso, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte una obra literaria, artística o científica o su transformación, interpretación artística o ejecución fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

 

Por supuesto, la Coalición de Creadores ha apoyado la propuesta de la Fiscalía General del Estado, hecha pública en su memoria anual, para que se tipifiquen como delito publicar enlaces que violan derechos de autor, ya que a su juicio enfrenta "adecuadamente la generalización de conductas ilícitas", que generan "graves perjuicios" a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

 

Esta propuesta deberá vivir el proceso legislativo español antes de que la misma se convierta en ley vigente.

 

 

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