En torno del caso del homicidio del adolescente afrodescendiente Trayvon Martin, relatores independientes de la ONU instaron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a que finalicen las investigaciones del caso.
Trayvon Martin es el adolescente de 17 años que en 2012 fue asesinado por George Zimmerman, un vigilante voluntario en el estado de Florida. Zimmerman fue absuelto del delito de homicidio bajo el argumento de que había actuado en defensa propia.
El Departamento de Justicia, la oficina federal de la fiscalía del distrito que corresponde a Florida y el FBI, Federal Bureau of Investigation, están evaluando la evidencia generada en este caso durante la investigación federal así como la evidencia y testimonios obtenidos durante el juicio efectuado a nivel estatal, a fin de establecer si hay cargos por violaciones a derechos humanos en este caso.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Personas de Descendencia Africana y el relator especial sobre Racismo pidieron al gobierno de los Estados Unidos que examine las leyes que pueden tener un impacto discriminatorio sobre afroamericanos, asegurándose que su legislación esté en consonancia con las obligaciones internacionales del país.
Lo anterior porque la defensa de George Zimmerman se basó en una ley del estado de Florida que establece que es legítimo el uso de la fuerza cuando la vida de una persona está bajo seria amenaza, lo que constituye una excluyente de responsabilidad.
“El caso de Trayvon Martin ha resaltado la importancia de revisar las leyes y políticas existentes que pueden tener un efecto discriminatorio por razones de raza, y como los afroamericanos son más vulnerables a ese tipo de discriminación”, declaró Verene Shepherd del Grupo de Trabajo sobre Personas de Descendencia Africana, y recordó que los Estados Unidos son signatarios del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, por lo que sus leyes deben estar apegadas a estos compromisos internacionales.
“Las naciones están obligadas a tomar medidas efectivas para revisar políticas gubernamentales, nacionales y estatales, y enmendar, rescindir o abrogar leyes y regulaciones que puedan tener el efecto de perpetuar discriminación racial donde existe”, declaró a su vez Mutuma Ruteree, relator especial de la ONU sobre racismo.
Se trata de un problema importante tomando en consideración las cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que señalan que el 71.9 por ciento de las víctimas de delitos de odio fueron atacadas por el hecho de ser afrodescendientes. A esta cifra se añade la proporcionada por la Organización No Gubernamental Movimientos de Base Malcolm X que señala que tan solo en el año 2012, 136 afroamericanos no armados murieron por mano de la policía, guardias de seguridad o vigilantes.
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