El ministro de justicia del Congo, Aime Emmanuel Yoka, declaró desde Brazzaville, capital de su país, la molestia por la decisión de una corte francesa de iniciar nuevas investigaciones sobre la desaparición en 1999 de 350 refugiados, caso que ya fue juzgado en Congo en 2005.

 

De acuerdo con el ministro, la decisión de la corte en Meaux, Francia, es inaceptable porque nadie que ha sido juzgado y declarado inocente conforme a derecho puede ser juzgado nuevamente por el mismo delito aun bajo una diferente jurisdicción.

 

El caso atañe directamente al general congolés Norbert Dabira quien fue detenido el pasado 22 de agosto en Francia, acusado de crímenes contra la humanidad por la desaparición de 350 congoleses que en 1999 regresaron a Brazzville desde la vecina República Democrática del Congo, tras el cese al fuego firmado por los rebeldes durante la Guerra Civil de 1997.

 

El general Dabira, quien actualmente tiene el rango de ministro y está encargado de la reintegración de ex combatientes en el Congo, fue juzgado en relación con las desapariciones por un tribunal en Brazzaville en 2005 que lo absolvió de cualquier responsabilidad junto con los otros 14 altos jefes militares procesados. De acuerdo con este tribunal solo desaparecieron 85 refugiados pero no se presentó evidencia suficiente como para determinar las razones de las desapariciones.

 

Sin embargo grupos defensores de derechos humanos y familiares de los desaparecidos piensan que los desaparecidos fueron detenidos, torturados y ejecutados por mantener supuestos vínculos con la guerrilla que se oponía al gobierno del presidente, aun en funciones, Denis Sassou-Nguesso.

 

Para el ministro de justicia del Congo, “no hay ninguna justificación para que la corte de Meaux (Francia) continúe con las investigaciones de un caso que la República del Congo considera que fue juzgado debidamente”, manifestando su enojo por la falta de reconocimiento del sistema judicial francés del sistema judicial congolés.

 

Para proseguir con este caso la corte en Francia deberá legitimarse conforme a la jurisdicción universal, lo que será un poco difícil en vista de que ya el Congo procesó el caso y liberó a los inculpados y la jurisdicción universal solo se puede invocar cuando en el país en que ocurrieron los hechos que se investigan no se abre un proceso respectivo.

 

Este caso, por supuesto, ha supuesto un serio problema diplomático entre ambas naciones y ya el gobierno del Congo manifestó que se reserva el derecho de actuar de forma recíproca y proporcional al daño que la decisión de la corte francesa ocasione al país tanto interna como externamente.

 

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