El gobierno de Colombia convocó a varios abogados colombianos y extranjeros, expertos en Derecho Internacional para que dieran su opinión experta sobre las posibilidades legales frente al fallo adverso que emitió la Corte Internacional de Justicia el pasado mes de noviembre en cuanto a los límites territoriales en el Mar Caribe con Nicaragua.

 

Los expertos han entregado sus conclusiones al gobierno colombiano el cual deberá tomar una decisión para que el fallo no se aplique frente a las acciones del gobierno de Nicaragua que están empezando a tomar posesión de la zona en conflicto.

 

En opinión de Juan Daniel Jaramillo, uno de los abogados consultados por el gobierno de Colombia, el fallo emitido por la CIJ es inaplicable debido a que hay numerosas inconsistencias. Se trata de una conclusión jurídica a la que tras ocho meses de análisis y estudio llegaron los abogados externos contratados por el gobierno.

 

Como un ejemplo de estas inconsistencias, el abogado Jaramillo explica que el fallo de la CIJ pasa por encima de los tratados de delimitación marítima suscritos por Colombia con Panamá en 1976, con Costa Rica en 1977, con Honduras en 1986 y con Jamaica en 1993, con lo que se invalidan tratados en vigor, lo cual está prohibido en Derecho Internacional.

 

Además explica que el fallo es contrario a jurisprudencia de la propia CIJ en materia de derechos históricos de pesca, además de que es contrario a otras decisiones que en situaciones similares la Corte ha emitido.

 

El abogado Jaramillo incluso menciona que el fallo viola derechos humanos de los habitantes de las islas en la zona en conflicto, como el derecho a la protección del medio ambiente.

 

Frente a esta inaplicabilidad existen vías legales ante la CIJ como los recursos de interpretación y de revisión, pero es al gobierno al que le corresponde tomar la decisión de iniciar alguna acción legal.

 

Finalmente el abogado Jaramillo considera que la idea manifestada por el expresidente colombiano Álvaro Uribe de colocar fragatas militares en la zona en conflicto no se trataría de una declaración de guerra, sino del ejercicio del derecho de Colombia de proteger sus fronteras frente a las que describe como una relación hostil con Nicaragua, país que ya ha empezado a hacer maniobras para la aplicación del controvertido fallo de la CIJ.

 

 

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