El pasado martes la empresa petrolera británica, British Petroleum, BP, co-responsable de los derrames en el Golfo de México en 2010, presentó una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos ante una corte federal en el estado de Texas.
En la demanda solicitan se revierta la suspensión impuesta a la mayoría de las divisiones de la empresa por el organismo federal de medio ambiente, Environmental Protection Agency, E.P.A, para participar de contrataciones federales.
La suspensión se impuso después de que en noviembre del año pasado BP acordara con el Departamento de Justicia que se declararía culpable de todos los cargos penales derivados del derrame en el Golfo.
La E.P.A procedió a la suspensión que aunque permite que BP siga sus operaciones actuales, evita que participe en nuevas licitaciones particularmente de extracción petrolera en el Golfo de México, hasta que proporcione evidencia suficiente de que cumple con las normas empresariales federales. Lo anterior porque E.P.A. calificó a BP de carecer de integridad empresarial por su participación en el referido derrame de 2010.
El presidente ejecutivo de BP, Robert W. Dudley declaró que aunque BP es la empresa que mayor número de concesiones tiene en el Golfo de México para la extracción en aguas profundas, la prohibición de participar en nuevas licitaciones limita su capacidad de maniobra y lo coloca en desventaja frente a sus competidoras Royal Dutch Shell y Chevron.
Respecto de esta demanda la empresa declaró en un comunicado que la misma obedece a que consideran que E.P.A. está actuando de forma inapropiada e injustificada desde el punto de vista legal razón por la cual buscan que el poder judicial reconozca sus derechos, aunque añadieron que se encuentran abiertos a llegar a un acuerdo razonable con la agencia del medio ambiente.
En la demanda califican la suspensión impuesta como punitiva, arbitraria y caprichosa y piden al juez que la declare nula y sin efectos. Argumentan en su defensa que después del derrame siguieron haciendo negocios con el gobierno federal, habiendo ganado docenas de licitaciones en el Golfo de México, además de 84 permisos de perforación en otros 12 países desde el 2010. Lo anterior porque las autoridades reguladoras federales manifestaron que la empresa, pese al derrame, demostró ser un operador confiable.
BP considera que ya ha pagado suficientemente el derrame de 2010 y los errores derivados de ello pues además de las multas impuestas, acordaron la creación de una reserva de $42 millones para pagar los costos y reclamaciones civiles por el derrame.
Los ejecutivos de BP están apostando a esta demanda como un medio para dejar atrás el derrame de 2010. Solo el tiempo dirá si su agresivo plan de acción con esta demanda fue positivo o si por el contrario se terminaron de ahorcar.
Más información NY Times
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