La semana pasada, las autoridades de Guatemala detuvieron a Ilda Yaresa Medina Vielman, una abogada relacionada con la red de tráfico de infantes en el país de Centroamérica.
De acuerdo con las investigaciones que se efectúan en Guatemala sobre esta red de tráfico de infantes y adopciones ilegales, la abogada Medina intentó en dos ocasiones tramitar la adopción de una niña que fue sustraída de su madre biológica a los tres meses de edad en el año 2006.
De acuerdo con las acusaciones la abogada intervino en el proceso de adopción de la pequeña Dafne Nayeli Camey Pérez, quien en ese proceso recibió el nombre de Yajaira Noemí Muyus. Esta adopción no se completó porque se demostró mediante una prueba de ADN que la mujer que quería entregar en adopción a la menor no era su madre biológica.
Posteriormente se intentó tramitar una nueva adopción de Dafne Nayeli, pero tampoco pudo ejecutarse.
La abogada, de quien el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala informó que no está registrada como profesional del Derecho, fue puesta a disposición de la juez Marta Sierra de Stalling, titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, bajo los cargos de trata de personas y asociación ilícita. La imputada salió libre bajo fianza de 100,000 quetzales, equivalentes a $12,725 dólares estadounidenses, pero se le impuso arresto domiciliario y la prohibición de salir del país. La juez, sin embargo, se inhibió de conocer el proceso señalando que debe tramitarse en un Juzgado de Feminicidio.
En torno de este caso de adopciones irregulares efectuadas a través de la Asociación Primavera, en julio del año pasado la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG), denunció a la juez primera de la niñez y la adolescencia, Rossana Mena Guzmán, por presunto prevaricato, denegación de la justicia, abuso de autoridad, supresión y alteración del estado civil, usurpación de atribuciones, omisión de denuncia, retardo malicioso, trata de personas y maltrato a menores de edad, derivado de por lo menos siete casos en que la juez, en ejercicio de sus funciones, actuó en contra de los intereses de aquellos a quienes debía proteger, violando gravemente los derechos fundamentales de los niños, sobre todo en situaciones relacionadas con adopciones y trata de personas.
La detención de la abogada Medina se realizó por la Policía Nacional Civil con apoyo del Ministerio Público y de la CICIG.
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