De acuerdo con información que han logrado obtener diversas agrupaciones que protegen los derechos humanos de las mujeres, en Afganistán el reconocimiento de esos derechos parece ir en retroceso.

 

No nada más el Parlamento eliminó cuotas de género para las mujeres en el poder legislativo y se negó a prohibir el matrimonio de niñas por contener elementos contrarios al Islam, sino que al parecer existe una iniciativa para reformar el Código Penal que podría hacer que muchos casos de violencia contra las mujeres no llegaran siquiera a ser perseguidos.

 

De acuerdo con información obtenida, se ha aprobado por la cámara baja la reforma del inciso 1° del artículo 26 del Código Penal afgano para incluir, junto con los niños pequeños, a los familiares de los acusados como personas que no pueden ser llamadas en juicio para testificar.

 

Como la mayoría de los delitos contra las mujeres se cometen por sus propios familiares, ya sean por consanguinidad o por afinidad, es decir, por los padres y hermanos o por los esposos, cuñados y suegros, estos casos no llegarían a las cortes porque los testigos de los actos de violencia contra la mujer no podrían rendir testimonio.

 

Además de esta iniciativa se han presentado casos de flagrante violación al estado de derecho que desenmascaran sin tapujos la corrupción del sistema de justicia. Tal es el caso de la puesta en libertad de tres reos convictos por las torturas cometidas en contra de Sahar Gul, una mujer que fue vendida para contraer matrimonio a los 12 años de edad y que fue encadenada en un sótano, sometida a pasar hambre y a diversas torturas, desde quemaduras hasta arrancarle las uñas de los dedos, todo para forzarla a la prostitución.

 

Las atrocidades antes descritas fueron cometidas en contra de esta mujer por sus suegros y cuñada, quienes fueron detenidos y sentenciados a prisión. Ellos apelaron la sentencia y un panel de tres jueces los dejó en libertad. Lo escandaloso de este caso es que no se notificó de la audiencia de la apelación ni al fiscal, ni al abogado de Sahar ni a las organizaciones de derechos humanos que apoyan su causa de manera que no hubo quien se opusiera legalmente a la liberación de los imputados. Incluso se cuestiona el hecho de que dictada la sentencia estas personas fueron puestas en libertad dos días después cuando debido a diversos trámites burocráticos usualmente pasan semanas antes de que un reo pueda salir en libertad una vez dictada la libertad.

 

Pese al sistema corrupto el caso de Sahar llegó a la corte, pero si se aprueba la iniciativa de reforma a la legislación penal, casos como el de ella serán prácticamente imposibles de ser juzgados por no contar con los testimonios suficientes, lo anterior de acuerdo con la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay.

 

Esta iniciativa todavía tiene que ser debatida y votada en la cámara alta y de ser aprobada, debe ser ratificada por el presidente para convertirse en ley vigente. Pese a que Afganistán tiene el compromiso internacional de proteger a las mujeres contra la violencia y perseguir todos los delitos que se cometan contra ellas, es muy probable, sin embargo, que la reforma sea aprobada y firmada.

 

 

Más información Guardian

 

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