En el proceso penal que se sigue en Chile contra diez ejecutivos de tres farmacias encontradas culpables conforme a la legislación de libre competencia de haber cometido colusión en el mercado entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, el juez séptimo de garantía de Santiago suspendió el proceso un año.

 

La suspensión en el juicio por alteración fraudulenta de precios fue dictada debido al acuerdo alcanzado entre los diez imputados y la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.

 

Este acuerdo estipula que los diez imputados deberán hacer una serie de donativos a diversas organizaciones civiles en materia de salud, tanto en dinero como en medicamentos, además de que deberán asistir a un programa de capacitación sobre ética empresarial. Entre las instituciones que se beneficiarán con este acuerdo están la Cruz Roja, el Instituto Nacional del Cáncer y la Liga Chilena contra la Epilepsia.

 

Al término del año el juez verificará que se hayan cumplido los términos del acuerdo y de ser así dictará la suspensión definitiva del caso.

En este caso las farmacias Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada, fueron encontradas culpables de colusión por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para elevar los precios de por lo menos 222 medicamentos, sentencia que fue confirmada el 7 de septiembre de 2012 por la Corte Suprema de Chile que ratificó con ello las sanciones impuestas de pagar millonarias multas.

 

Además de este proceso penal en el marco del caso de colusión el Servicio Nacional del Consumidor de Chile, SERNAC, anunció en febrero de este año una demanda colectiva en contra de las tres farmacias.

 

Sobre el acuerdo en el proceso penal se refirió el fiscal Andrés Montes quien señaló que la legislación penal vigente en Chile es insuficiente para sancionar la colusión ya que las sanciones no prevén la privación de la libertad al no estar considerado como un delito grave.

 

Bajo la colusión de los medicamentos la gran mayoría de los cuales requerían prescripción médica, se afectó a los consumidores de dos formas. Primero a los que tuvieron que pagar un precio más elevado, algunos de casi el 50 por ciento de su valor. Segundo, a los que por el precio elevado debieron suspender sus tratamientos o utilizar medicamentos de una menor calidad. El asunto reviste especial gravedad pues muchos de los medicamentos a los que artificialmente se elevó el precio son recetados en caso de esquizofrenia, asma, trastornos bipolares, Alzheimer, depresión, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca por mencionar algunos.

 

 

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