El día de ayer la Suprema Corte de los Estados Unidos, al resolver el caso Estados Unidos vs. Windsor, declaró que la ley de defensa del matrimonio, conocida por sus siglas en inglés DOMA, es violatoria de la protección igualitaria.

 

DOMA es una ley de 1996 firmada por el presidente William Clinton y que definió a nivel federal el matrimonio como la unión de un hombre con una mujer. Al ser una ley federal sus implicaciones son federales.

 

Debido a esta ley muchas parejas del mismo sexo en diversos supuestos se encontraban en situación de desventaja, habiéndoseles negado numerosos derechos conforme a la legislación federal.

 

Uno de estos casos fue el de Edith Windsor quien se casó en Canadá con Thea Spyer tras haber vivido juntas 40 años. En 2009 Thea Spyer falleció y Edith Windsor tuvo que pagar al fisco $363,053 dólares como impuesto por traslado de dominio de los bienes de quien fuera su pareja, un impuesto del que están exentos quienes son considerados legítimos esposos conforme a la ley.

 

El caso fue presentado judicialmente, pero la administración Obama no respondió el caso porque en 2009 se dieron instrucciones de no defender más la ley DOMA. Por tanto la defensa de la ley estuvo a cargo de BLAG, una organización bipartidista del Congreso. El caso en primera instancia y apelaciones fue resuelto a favor de Edith Windsor.

 

El caso llegó a la Suprema Corte quien tuvo que resolver tres diferentes cuestiones. Primero, la protección igualitaria de DOMA; Segundo, la falta de jurisdicción por la concurrencia de la opinión del ejecutivo con el caso de Windsor; y, Tercero, si BLAG tiene interés legítimo en defender DOMA porque afecta sus intereses.

 

En un fallo de 5 contra 4 la mayoría coincidió en que existía un caso y por tanto jurisdicción de la Corte, que BLAG tiene un interés legítimo y, quizá lo trascendente, que DOMA es violatoria de la protección igualitaria.

 

Esta decisión afecta a las parejas del mismo sexo en diversa medida, dependiendo de cada caso. Por ejemplo, en las parejas legalmente casadas, si un miembro es funcionario federal, los beneficios federales se otorgarán a su pareja automáticamente como se otorgan a los matrimonios entre un hombre y una mujer.

 

Para los matrimonios del mismo sexo que residen en un estado donde no está aceptado este matrimonio, el otorgamiento de beneficios no será automático, salvo, probablemente,  si ese estado reconoce la legalidad de la unión celebrada en otro estado.

En materia fiscal las leyes deberán ser adaptadas para que el tratamiento sea igualitario a los matrimonios del mismo sexo. Lo mismo sucederá con las leyes de seguridad social.

 

En materia migratoria se abre la posibilidad de que las parejas del mismo sexo bi nacionales sean tratadas igualitariamente lo que significaría que gracias al matrimonio se podría evitar la deportación del miembro de la pareja que no tiene la nacionalidad de los Estados Unidos.

 

Y mientras las parejas del mismo sexo celebran la decisión de la Corte, los juristas estadounidenses se encuentran analizando a detalle todas las consecuencias legales que ésta tendrá en el futuro cercano y en los casos que se están litigando actualmente.

 

 

Más información The Washington Post

 

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