El viernes de la semana pasada el Parlamento de Sudáfrica aprobó con 189 votos a favor, 74 en contra y una abstención, la controvertida Ley de Protección a la Información estatal, llamada por sus opositores “ley del secreto”.

 

Se trata de una iniciativa que ha estado en discusión desde 2008 y que en 2011 había sido aprobada para después ser modificada por las múltiples voces de oposición a la misma.

 

Desde su propuesta original la ley ha sufrido numerosos cambios y fue ampliamente consultada pese a lo cual el Foro Nacional de Editores de Sudáfrica, SANEF, declaró mediante comunicado de prensa, que la ley aún tiene el potencial de ser usada como un elementos para mantener secretos gubernamentales.

 

Escritores y periodistas señalan que ésta es una ley que al tratar de proteger la información de ciertas agencias gubernamentales, obstaculiza el periodismo de investigación y la exposición de posibles actos de corrupción pues penaliza con hasta 25 años de prisión a quien revele secretos del estado.

 

La ley ha pasado a firma del presidente Jacob Zuma quien de acuerdo con la sección 79 de la Constitución puede vetar la ley y regresarla a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional de las Provincias. Sin embargo diferentes grupos de opositores ya han manifestado que de ser ratificada la ley, la impugnarán ante la Corte Constitucional.

 

Entre estos grupos opositores se encuentra Right2Know que declaró que esta ley se sumará al clima generalizado de secretismo, miedo e intimidación, sentimientos crecientes en Sudáfrica.

 

La protección de información gubernamental es una tendencia que no solo se está presentando en Sudáfrica con esta ley, sino que también se logra apreciar en Dinamarca donde periodistas y ciudadanos se encuentran en batalla semejante en contra de una ley que pretende blindar cierto tipo de información gubernamental.

 

Para los daneses la aprobación de la Ley de Acceso a la Información en los términos en que se encuentra, restringiendo el acceso a la información, implicaría el debilitamiento del papel de los medios en la vida pública, considerados el cuarto poder y vigilante del estado de tal manera que Transparencia Internacional Dinamarca considera que la ley mancharía la reputación del país que ha mantenido hasta el momento una fuerte tradición de apertura en asunto públicos.

 

 

Más información Africa Review y Cphpost.dk

 

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