Este miércoles la Suprema Corte de los Estados Unidos desechó la demanda interpuesta por varios nigerianos del pueblo Ogoni, residentes en los Estados Unidos, en contra de Royal Dutch Petroleum y otras empresas por la violación de sus derechos humanos.

 

Se trata de una demanda como la que iniciaron en 2009 nueve sobrevivientes de Ogoni fallecidos y en la que la empresa Shell decidió pagar 15.5 millones de dólares para finalizar el litigio.

 

Esta demanda iniciada por Esther y Barinem Kiobel y otros nigerianos fue presentada ante una corte de distrito en Nueva York con base en el Alien Tort Statute, una ley que data de 1789 y que faculta a los tribunales de ese país a conocer de asuntos que violen o vulneren los derechos humanos cometidos en otros países.

 

De acuerdo con la demanda, las compañías señaladas actuaron en complicidad con el régimen militar nigeriano que en la década de los 90 cometió tortura y otras atrocidades contra el pueblo ogoni, violando varios de sus derechos humanos.

 

Si bien en primera instancia se desecharon algunas peticiones, la demanda fue aceptada, pero esta decisión fue apelada. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito estuvo de acuerdo con los demandados y rechazó la demanda basado en que la ley aludida solo prevé responsabilidad individual pero no corporativa.

 

El caso llegó ante la Suprema Corte, instancia en la que los jueces de manera unánime decidieron que no existe jurisdicción de los Estados Unidos en el caso y por tanto rechazaron la demanda. Los motivos por los que la demanda se desechó, sin embargo, fueron diferentes para los ministros de la Corte.

 

El ministro John G. Roberts, presidente de la Corte, y la mayoría de los ministros, coincidieron en que la ley no tiene aplicación extraterritorial, limitando de esta forma la jurisdicción universal.

 

Por su parte el ministro Stephen G, Breyer y los ministros liberales opinaron que la ley puede ser invocada en ciertos casos ocurridos en otros países, pero solo cuando afecta negativamente un interés de los Estados Unidos.

 

Este caso fue aceptado por la Suprema Corte a finales de 2011 a fin de decidir si la ley invocada aplicaba a corporaciones o solo a individuos que violaran derechos humanos. Sin embargo después de los argumentos que escucharon en febrero de 2012 algunos ministros se cuestionaron si la ley debía tener aplicación extraterritorial y por ello hubo una nueva argumentación.

 

Sobre la jurisdicción universal, la Corte acordó en abril del año pasado que la ley de 1991 que protege a víctimas de actos de tortura cometidos en otros países permite que se acepten demandas en tribunales estadounidenses, pero solo contra individuos, no contra corporaciones o grupos políticos.

 

 

Más información Washington Post

 

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