Las autoridades de protección de datos de Francia, Alemania, Italia, Holanda, España y Gran Bretaña se preparan para iniciar acción legal coordinada y simultánea para decidir si las nuevas políticas de privacidad de Google introducidas en marzo del 2012 cumplen con las leyes de esas naciones.

 

El año pasado Google decidió consolidar todas sus políticas de privacidad de los distintos servicios como YouTube, Gmail y Google+ y comenzó a combinar datos recolectados de usuarios individuales de sus servicios.

 

De marzo a octubre de 2012, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, realizó investigaciones sobre las políticas de privacidad de Google con el fin de comprobar si cumplía con los requisitos de la Directiva.

 

Con base en las conclusiones de esta investigación, las autoridades de la Unión Europea sobre protección de datos emitieron recomendaciones y pidieron a Google  cumplir con las mismas en un plazo de 4 meses, pero concluido ese plazo, Google no ha aplicado ninguna medida de cumplimiento importante.

 

La situación actual faculta a cada autoridad nacional de protección de datos para llevar a cabo investigaciones adicionales con arreglo a las disposiciones de su derecho interno independientemente de la legislación europea.

 

Por eso todas las autoridades que componen el grupo de trabajo han puesto en marcha acciones sobre Google el 2 de abril de 2013 sobre la base de lo dispuesto en su legislación nacional respectiva, que pueden incluir investigaciones, inspecciones, etc.

 

Las naciones que componen el Grupo de Trabajo del artículo 29 concluyeron que la nueva política de privacidad de Google representa un “alto riesgo” para la privacidad de los individuos, pese a que no llegó a declararla ilegal.

 

Cada organismo actuará de acuerdo a las competencias que les otorgan sus respectivas legislaciones nacionales, si bien trabajarán de manera coordinada y pueden imponer multas a Google.

 

Entre las cuestiones que se analizarán se encuentran los fines para los que Google utiliza la información de los usuarios, el proceso de conservación de esos datos, la forma en la que consigue el consentimiento para utilizar los datos personales o las opciones que les ofrece a los usuarios para oponerse al tratamiento de su información. Básicamente lo que se conoce como Derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

 

La interrogante es porque si la Unión Europea y también Canadá y Australia están cuestionando las políticas de privacidad de Google, en nuestro país, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no ha hecho lo propio.

 

 

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