Desde abril de 2012 se está analizando en el Reino Unido una legislación que permitiría a los servicios de inteligencia instalar sistemas de inspección de paquetes (Deep Packet Inspection, DPI) en las redes de comunicaciones.

 

El objetivo de esta legislación sería atacar a la delincuencia y el terrorismo en la red. El sistema tendría la capacidad de monitorear las llamadas, los correos electrónicos, historial de navegación, charlas de mensajería instantánea, y, por supuesto, de redes sociales o cualquier visita o actividad que se registre en Internet dentro de ese país.

 

De aprobarse la legislación, cada Proveedor de Servicios de Comunicación tendría la obligación de dar a la agencia de inteligencia del país, Government Communications Headquarters, el acceso a las comunicaciones en tiempo real para que ese organismo las pudiese monitorear. Este mes el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico inició el análisis del marco jurídico que sería aplicable a este proyecto.

 

El documento propone que el secretario de estado realice una solicitud específica a cada proveedor especificando los detalles del material que se pretende que se retenga y ser analizado con herramientas como el DPI. Los datos deberán ser conservados por los proveedores por un año.

 

La información sería requerida en casos de seguridad nacional, prevención y detección del crimen y desórdenes.

 

"Los datos de comunicación salvan vidas. La ley es una herramienta vital para la policía para atrapar a los delincuentes y proteger a los niños. Si nosotros no hacemos nada mientras que la tecnología cambia, dejaremos a los policías luchar contra el crimen con una mano atada", dijo en su momento la ministra del interior, según The Inquirer.

 

"Comprobar los registros de comunicación, no el contenido, es una parte fundamental de la vigilancia diaria y las huellas dactilares de la edad moderna. Estamos decididos a asegurar su disponibilidad continua para acabar con la delincuencia", agregó.

 

México ya cuenta con el equipo necesario para intervenir este tipo de comunicaciones, al menos se sabe que existe en la Policía Federal y las Fuerzas Armadas, y su uso está regulado tanto en la Constitución como en leyes secundarias.

 

El problema es que hasta ahora no se ha informado de cuántas intervenciones se han hecho con estos equipos de espionaje, y sobre todo, si esas intervenciones son legales.

 

 

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