El gobierno de Guatemala publicó el miércoles de esta semana en el diario oficial un acuerdo por el cual se pretende limitar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Según ese acuerdo firmado por el presidente Otto Pérez, la reserva que Guatemala firmó el 20 de febrero de 1987 l reconocer la competencia de la CIDH, no ha sido correctamente interpretada ni por la Comisión ni por la Corte Interamericanas.

 

En el acuerdo se lee que la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (mencionada como Corte Interamericana de Justicia en el documento), es “exclusivamente para hechos cometido con posteridad al 9 de marzo de 1987 y que en caso de hechos o delitos continuados, el principio de ejecución o conducta originaria debe haber sucedido con posterioridad al reconocimiento de esa competencia, ocurrida el 9 de marzo de 1987”.

 

Activistas de derechos humanos han denunciado este acuerdo como un intento del gobierno para no responder ante las instancias internacionales de los lamentables hechos ocurridos en Guatemala desde 1960 en que años de guerra dejaron más de 200,000 muertos y miles de desapariciones.

 

De acuerdo con expertos en la materia, el gobierno pretende que la aplicación del acuerdo por el que el estado reconoció la competencia de la CIDH se interprete como una reserva para que ese organismo internacional no pueda seguir conociendo de los hechos ocurridos antes de que la declaración de aceptación fue depositada por lo que no podría conocer de las desapariciones ocurridas antes de 1987. Las desapariciones son delitos continuados en el tiempo y no terminan hasta que las víctimas regresen con sus familias o se conozca la ubicación de sus restos.

 

Sin embargo, como la reserva no se hizo expresamente en el documento cuando fue ratificado por el estado guatemalteco, no es válido conforme al derecho internacional.

 

Este acuerdo de gobierno, que fue firmado el pasado 28 de diciembre, podría beneficiar a varios ex funcionarios para que la CIDH no conozca de casos contra ellos, entre ellos al ex presidente Efraín Ríos Montt, quien actualmente es procesado por genocidio. Sin embargo es previsible que contra este acuerdo se intenten acciones legales tendientes a su anulación.

 

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