Costa Rica recibió por la tarde del pasado jueves la notificación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que condena al estado por haber prohibido en el año 2000 la técnica de fertilización In Vitro y violar el derecho humano de los demandantes a formar una familia.

 

En el fallo la Corte condenó al estado de Costa Rica a permitir dicha técnica de fertilización lo antes posible además de “adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro”.

 

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que la Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazara en junio de 2011 el proyecto de Ley Expediente Nº 17900 “Ley sobre fecundación in vitro y transferencia embrionaria”.

 

Esta iniciativa de ley fue enviada por el poder ejecutivo para dar cumplimiento a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el pasado 23 de agosto del 2010 se pronunció en contra del Estado por la violación al derecho a la privacidad, la autonomía y la autodeterminación de las personas en Costa Rica, producto de la prohibición explícita a la práctica de la fertilización In Vitro que se practicaba en el país antes del año 2000.

 

En el año 2000 la Sala de lo Constitucional prohibió en todo el país la utilización de la fecundación In Vitro como técnica de reproducción asistida por considerar que es violatoria del derecho a la vida.

 

Debido a este fallo, diez parejas que se vieron impedidas de concebir mediante esta técnica, demandaron al estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, y con el fundamento de que la prohibición violaba los derechos humanos en Costa Rica, como el derecho a la privacidad, a fundar una familia, a la no discriminación y al derecho en general de la protección del Estado, ante cualquier situación que propicie el atropello a esos derechos.

 

En el fallo se indica que las víctimas de la prohibición, demandantes ante la Corte deberán ser indemnizadas con 20,000 dólares a cada uno por daño inmaterial más 5,000 dólares por daño material a las ocho personas que lograron demostrar que salieron del país para someterse al tratamiento de fertilización In Vitro y concebir un hijo.

 

Además de ordena al Estado a incorporar la técnica como tratamiento contra la infertilidad en los servicios de seguridad social prestados en ese país por la Caja Costarricense de Seguro Social.

 

El fallo fue rechazado por los que se oponen a esta técnica por considerar que atenta contra la vida human. Este grupo argumenta desde el punto de vista jurídico que la técnica violenta los derechos fundamentales de las mujeres ratificados por Costa Rica en documentos internacionales, como el derecho a la no discriminación y a la autonomía, el derecho a la salud, el derecho a elegir el número de hijas e hijos, el derecho a la información y a la confidencialidad, ente otros.

 

Pero quienes están a favor argumentan que la prohibición violenta el derecho a la salud reproductiva de la mujer, el derecho a formar una familia, además de ser discriminatoria.

 

La presidente Laura Chinchilla se manifestó por cumplir el fallo de la Corte, pero otra vez dependerá de la Asamblea Nacional la aprobación de las leyes que permitan la técnica en el país y con ello el cumplimiento del fallo que es inapelable y obligatoria.

 

 

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