Al resolver un recurso de amparo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica sentenció que las reglas que rigen la libertad de expresión que aplican a medios tradicionales también son aplicables a las redes sociales y las entidades gubernamentales que hagan uso de ellas deben ser tolerantes a las críticas.

 

En el caso, a un usuario de la cuenta de la Casa Presidencial se le bloqueó la opción de publicar comentarios, sin que se le diera una explicación.

 

La Sala condenó al Gobierno al pago por daños y perjuicios, en caso de que el usuario decida interponer algún reclamo al respecto ante los tribunales de justicia.

 

Por su parte el ministro de Comunicación afirmó que el gobierno mantiene una política de que que no debe existir restricción alguna para que los ciudadanos visiten los perfiles oficiales gubernamentales y publiquen comentarios positivos o negativos en el marco del respeto.

 

Aclaró que la única restricción que existe es una directriz para que se eliminen los comentarios ofensivos, insultantes o discriminatorios por género, orientaciones sexuales, raza o religión.

 

 

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