El Tribunal Nacional de Ética Periodística de Bolivia emitió su primer fallo en materia de discriminación en contra de un programa de radio de la provincia de Cochabamba, el cual está a cargo de la periodista Marianela Montenegro.

 

La periodista del programa fue acusada de haber permitido que el público hablara y emitiera mensajes racistas y discriminatorios.

 

El Tribunal estableció en su fallo que “(El programa) vulnera principios y disposiciones contenidas en el Código Nacional de Ética Periodística” y recomienda a la conductora a emitir contenidos basados en el principio de la ética y observar disposiciones constitucionales legales y reglamentarias que rigen en la actuación de los medios de comunicación social y la conducta de quienes lo utilizan.

 

El Tribunal Nacional de Ética Periodística no es una instancia judicial, sino la iniciativa del Consejo Nacional de Ética Periodística, CNEP, que es una institución independiente de autorregulación, creada por voluntad de las entidades que agrupan a periodistas, directores y propietarios de medios de comunicación social del país, que buscan autorregularse con normas y valores que orienten su labor, como una muestra de su compromiso por mejorar la calidad de la información que se brinda al público.

 

El Tribunal es un órgano proclamado independiente, sin respaldo, patrocinio o relación con el Gobierno en funciones o con fuerza política alguna, integrado por cinco miembros de reconocida solvencia moral y profesional, de los cuales tres son periodistas y dos destacados abogados.

 

Tiene como atribución examinar y resolver las quejas o denuncias presentadas por los ciudadanos, que consideren afectados sus derechos humanos o garantías constitucionales a consecuencia de la publicación de una noticia, comentario periodístico o artículo en cualquier medio de difusión instalado dentro del territorio nacional. Además atiende denuncias o quejas de periodistas que consideren que sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión, libre emisión de ideas y de información estén siendo vulnerados por acciones u omisiones de los propietarios de los medios o que su labor periodística es motivo de presiones o amenazas de personas interesadas en evitar la difusión de una determinada información o que se pretenda vulnerar el secreto de la fuente. También examina y resuelve las quejas de directores ejecutivos de cualquier medio de comunicación instalado en Bolivia, cuyas tareas estén siendo afectadas por actitudes que considere inapropiadas y carentes de ética profesional de alguno de los periodistas u otros trabajadores de ese medio.

 

Los fallos de este Tribunal consisten en recomendaciones para que se subsane la irregularidad denunciada, y además de resolver las quejas podrá desarrollar acciones educativas y de difusión de los principios que deben regir la labor de los medios de comunicación, los derechos de la libertad de expresión y la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho de acceso a la información pública, la Ley de Imprenta y el secreto de la fuente.

 

 

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