En aplicación del decreto 89-2011, en Honduras se está efectuando un proceso de depuración de la policía, a través de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial de la Policía Nacional, conocida por sus siglas DIECP.

 

Estas pruebas de confianza consisten en cuatro exámenes que son el polígrafo, pruebas psicométricas, estudios socioeconómicos y pruebas toxicológicas.

 

Hasta el momento, de los 400 policías y civiles sometidos a la prueba del polígrafo, conocido como detector de mentiras, 124 personas no aprobaron, entre los que se cuentan cinco comisionados y 14 subcomisionados. Dos de estos comisionados formaban parte de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública.

 

Las pruebas se realizaron del 18 de junio al 10 de septiembre de 2012 y los resultados se notificaron el 21 de septiembre pasado, pero es hasta ahora que se conoce el número total de personas no aprobadas entre los que se cuentan los mandos superiores mencionados.

 

La prueba del polígrafo es realizado por expertos colombianos que trabajan para los Estados Unidos razón por la cual las pruebas son coordinadas por la embajada de ese país en Tegucigalpa.

 

Resultado de las pruebas de polígrafo ya fueron despedidos 33 efectivos pero con estos resultados la cifra podría ascender a una centena.

 

El decreto ejecutivo que faculta la realización de estas pruebas fue aprobado por unanimidad en sesión de urgencia en el Congreso de la República el pasado mes de mayo. Al haberse aprobado este decreto se aprobó declarar estado de emergencia en el sistema de seguridad por un periodo de 180 días, es decir, seis meses.

 

Por este decreto se suspendieron varios artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional sobre la terminación de la carrera policial, las medidas disciplinarias y el régimen de despido a fin de facilitar la labor de depuración del cuerpo policíaco.

 

Quedó establecido en el decreto que los policías despedidos durante el estado de emergencia no podrían reingresar a la carrera policial bajo ningún concepto con lo que limitó la facultad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de revisar estos casos y ordenar el reingreso del afectado.

 

Ningún miembro de la cúpula policial ha sido sometido hasta el momento a los controles de confianza establecidos en este proceso de depuración cuya vigencia finalizará el próximo mes.

 

 

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