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Categoría: El Derecho y la Actualidad
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Desde la década de los 80, varios países de África del Sur crearon una organización de países que tendía a separarse de la Sudáfrica del Apartheid. Esta organización quedó constituida en 1992 como la Comunidad de Desarrollo de África del Sur (SADC por sus siglas en inglés) y sus temas centrales son la cooperación económica, el desarrollo científico y la diplomacia, por lo que no se trata de una organización sobre derechos humanos.

 

Pero el documento que crea esta Comunidad contiene numerosas referencias a los derechos humanos, lo que permitió que el tribunal de la Comunidad conociera del reclamo de 75 propietarios de tierras en Zimbabwe, que con la política agraria de Robert Mugabe fueron despojados de sus propiedades.

 

Los peticionarios alegaron ante el tribunal que la política agraria que impera en Zimbabwe es discriminatoria y de ahí que viola en tratado de la Comunidad. Los abogados se basaron en tres premisas para demostrar esas violaciones:

 

Primero, el tratado menciona el desarrollo económico, científico y cultural se debe hacer bajo las bases del respecto a los derechos humanos. Agrega que los países firmantes se comprometen a actuar conforme a los derechos humanos, la democracia y las leyes y establece que los miembros no discriminarán por razones de raza o étnicas.

 

Segundo, se establece que el tribunal tendrá capacidad para dictar jurisprudencia para la Comunidad para lo que tomará en cuenta los principios y reglas generales del derecho internacional y con ello se faculta al tribunal a velar por el respecto de los derechos humanos.

 

Tercero, se establece que el tribunal podrá conocer de conflictos no solo entre los estados firmantes, sino también entre personas físicas o morales en contra de algún estado firmante.

 

Con estos fundamentos, los 75 propietarios de tierras, que además habían sufrido diferentes abusos de parte del gobierno de Mugabe, y apoyados por un periodista, demandaron ante el tribunal de la Comunidad la política agraria de Zimbabwe.

 

El tribunal aceptó la demanda tomando en consideración, además, el hecho de que la disposición constitucional que no otorga jurisdicción a los tribunales de Zimbabwe para decidir asuntos sobre la política agraria, viola expresamente el tratado de la Comunidad.

 

La tribunal dictaminó que la expropiación de las tierras de “blancos” era desproporcionada y no encontraba justificación, ya que las tierras no fueron entregadas a comunidades pobres o marginadas y que las hectáreas expropiadas eran otra muestra tendenciosa en contra de los demandantes, lo que indicaba claramente que habían imperado nociones raciales y por ello discriminación.

 

Por supuesto que el gobierno de Mugabe objetó esta sentencia y argumentó que no hay competencia porque los demandantes no habían agotado sus instancias internas. Incluso se reporta que durante el juicio tres peticionarios fueron secuestrados y salvajemente golpeados y se piensa que no fueron asesinados por la exposición que hizo del caso el periodista Ben Freeth.

 

La comunidad africana se ha quedado complacida con el fallo de este tribunal ya que es la prueba de que sí existen instancias legales para defender los derechos humanos en la región.

 

Fuente Times On Line

www.miabogadoenlinea.net
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