El domingo, último día de septiembre, el gobernador del estado de California, Jerry Brown, emitió su decisión de ratificación o veto al último paquete de iniciativas de las 996 iniciativas discutidas en la legislatura este año.

 

En ese paquete de iniciativas se encontraban importantes leyes en materia de migración, una de las cuales fue aprobada y la otra vetada.

 

La ley que en la materia fue ratificada permitirá a partir del próximo 1° de enero que los jóvenes inmigrantes ilegales que son elegibles en el programa federal de permiso de trabajo y que entre otros criterios sean menores de 30 años y hayan llegado al país antes de los 16 años, obtengan una licencia de conducir del estado.

 

La ley que fue vetada hubiera prohibido a las autoridades locales colaborar con las autoridades federales en la detención de inmigrantes ilegales que fueran requeridos por algún delito, salvo que se tratara de un delito muy grave.

 

La cooperación se refiere a la obligación de las autoridades locales de avisar cuando han detenido a un inmigrante ilegal que es buscado por las autoridades federales y conservarlo en custodia 48 horas mientras es trasladado a una prisión federal.

 

Se trataba de una ley controvertida que ya el sheriff del condado de Los Ángeles había anunciado que de ser ratificada la desafiaría por contravenir disposiciones federales.

 

Los propulsores de esta iniciativa decían que la mayoría de los inmigrantes que son detenidos han cometido delitos menores y que debido a ello son separados de sus familias al ser deportados. Sin embargo el gobernador consideró que se trataba de una disposición que dejaba muchos cabos sueltos y que protegería a inmigrantes involucrados en delitos como abuso de menores, tráfico de drogas o venta de armas. En su veto agregó que considera poco práctico interferir con la discrecionalidad de los  sheriffs de determinar cuando se entrega el inmigrante a las autoridades federales y cuando no.

 

En otros temas, se ratificó una ley que prohíbe someter a adolescentes homosexuales a terapias de rehabilitación, ya que esas terapias carecen de bases científicas. El gobernador agregó que muchas de estas terapias han conducido a los jóvenes a severas depresiones e incluso al suicidio.

 

Republicanos opositores a esta disposición señalaron que se trata de una ley que invade la privacidad de las familias y su facultad para decidir si someten o no a sus hijos a este tipo de terapias. Incluso una institución dedicada a efectuar “terapias de rehabilitación a homosexuales”, declaró que demandaría la ley por considerarla inconstitucional al violar el derecho de libre expresión y el derecho de los pacientes de buscar tratamiento privado.

Otra ley aprobada permitirá a partir del próximo mes de enero que delincuentes juveniles sentenciados a cadena perpetua puedan salir una vez que cumplan 25 años de prisión. La ley encontró numerosos opositores, pero fue apoyado por un grupo de psicólogos que establecieron que los adolescentes carecen de buen juicio y que por ello es importante darles una nueva oportunidad cuando se han equivocado.

 

Unos 300 reos serán beneficiados con esta ley que dispone que antes de buscar una nueva sentencia deben haber mostrado arrepentimiento de sus acciones.

 

 

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