La policía de tránsito detuvo el martes por la mañana en Tegucigalpa, Honduras, a Cristian Javier Lobo Bulnes, hijo del presidente de ese país, Porfirio Lobo Sosa, en evidente estado de ebriedad y después de un accidente vehicular.
Inicialmente se presentaron declaraciones contradictorias pues no se confirmó de presidencia si se trataba del hijo del presidente o no, ya que Porfirio Lobo se limitó a escribir en su cuenta de Twitter los siguiente: “La Policía Nacional tiene órdenes y la obligación de aplicar la ley a todo ciudadano por igual. No hay excepciones”.
Horas después el vocero de la Secretaría de Seguridad, Héctor Iván Mejía, en declaraciones a medios de comunicación dio por hecho que el detenido era hijo del presidente.
En esa rueda de prensa se conoció que Cristian Lobo, quien conducía una camioneta sin placas, fue detenido y conducido a la Dirección de Tránsito, donde se le hicieron pruebas de alcoholemia y se declaró que de resultar positiva se aplicaría no solo la Ley de Tránsito sino también la Ley de Embriaguez Habitual.
Al preguntarle sobre los resultados de la prueba de alcoholemia, el vocero emitió una respuesta confusa: “En este caso, precisamente el señor presidente de la República y el señor secretario de Seguridad, a través del señor director, giran las instrucciones del caso. Miramos ciudadanos, no miramos distingo de raza, credo, religión, posición social”.
Entrevistado por la noche en un programa televisivo Cristian Lobo, quien desde 2010 fue diplomático acreditado en la embajada de Honduras en Berlín, Alemania, declaró que no se explicaba porque tanto alboroto por un accidente de tráfico sin consecuencias, quitando importancia al hecho de que había violado las leyes al conducir un vehículo sin placas y en estado de ebriedad.
El hecho revista especial importancia porque este miércoles, al concluir su misión oficial en Honduras, el relator de la ONU sobre la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, advirtió que la impunidad es una de las principales causas de los altos niveles de violencia contra la prensa en ese país.
Frank La Rue subrayó que la investigación de esas agresiones es casi nula e instó al gobierno a proteger a los periodistas, así como a investigar y sancionar a los responsables de esos actos.
Más allá de los delitos contra la prensa, el relator independiente opinó que el estado hondureño quedó aún más debilitado y la sociedad dividida tras el golpe de estado de 2009 y consideró que eso dificulta la recuperación de la credibilidad y eficiencia institucional. Dijo que esa situación da lugar a un crecimiento de la corrupción y de las actividades del crimen organizado, al tiempo que aumenta la violencia generalizada, en particular contra periodistas y comunicadores sociales.
El accidente del hijo del presidente es una oportunidad o para contradecir al relator de la ONU y demostrar que no hay impunidad en Honduras, o para confirmar con hechos sus declaraciones.
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