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La Primera Sala de la Corte Penal Internacional, CPI, activó por primera vez el mecanismo para que el Fondo de Compensación para Víctimas emita los principios y lineamientos para reparar las víctimas de Thomas Lubanga.

 

El martes 10 de julio, la Corte Penal Internacional, CPI, dictó sentencia en contra de Thomas Lubanga Dylio, condenándolo a 14 años de prisión por el reclutamiento de niños soldado en el Congo.

 

El Fondo de Compensación para Víctimas, creado por la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, funciona de dos formas. La primera es proporcionando asistencia física y rehabilitación psicológica a las víctimas de crímenes contra la humanidad, sin que esa asistencia dependa de los resultados del procedimiento judicial ante la CPI. Esta asistencia se ha proporcionado a más de 80,000 víctimas incluidas las del reclutamiento de niños soldado en el Congo por Thomas Lubanga.

 

La segunda forma de operar, que se activa por primera vez, depende del resultado judicial y compensa económicamente a las víctimas de los delitos.

Este Fondo obtiene sus recursos principalmente de las donaciones voluntarias de los estados miembros así como de la iniciativa privada y la Primera Sala ha hecho un llamado a los estados, principalmente a la República Democrática del Congo, para que contribuyan con el Fondo a fin de que la reparación del daño sea significativa.

 

La Primera Sala solicitó al Fondo que elabore los lineamientos para proceder con la reparación del daño sin que se discrimine a las víctimas por razón de edad, género o etnia y que se tome en consideración la edad de la víctima cuando fue reclutado y la violencia sexual que haya sufrido. Estos lineamientos serán puestos a consideración de la Primera Sala, con otros integrantes, a fin de que se aprueben.

 

Al dar a conocer su decisión, la Primera Sala indicó que la reparación del daño también incluye otros medios como programas educativos para que se deje de estigmatizar a las víctimas y a sus familias. Indicaron que Thomas Lubanga no podrá contribuir económicamente en la reparación de daños puesto que ha sido declarado indigente y no se le han encontrado bienes ni posesiones, además de que es optativo para él emitir una disculpa pública.

 

Hasta el momento, dieciséis casos han sido presentados ante la CPI en el contexto de siete situaciones que se siguen investigando en Uganda, República Democrática del Congo, la República Central Africana, Darfur en Sudán, Kenia, Libia y Costa de Marfil.

 

Los jueces de la CPI han emitido 22 órdenes de arresto, de las cuales dos fueron retiradas por la muerte de los sospechosos, se han emitido nueve citatorios para comparecer y cinco sospechosos están en custodia de la Corte, mientras doce siguen siendo requeridos.

 

 

Más información ICC

 

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