Derivado de la denuncia interpuesta por la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG), en contra la jueza primera de la niñez y la adolescencia, Rossana Mena Guzmán, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala presentó una solicitud de antejuicio.

 

La jueza fue denunciada por presunto prevaricato, denegación de la justicia, abuso de autoridad, supresión y alteración del estado civil, usurpación de atribuciones, omisión de denuncia, retardo malicioso, trata de personas y maltrato a menores de edad.

 

La acusación fue presentada tras conocerse que en por lo menos siete casos, la jueza, en ejercicio de sus funciones, actuó en contra de los intereses de aquellos a quienes debía proteger, violando gravemente los derechos fundamentales de los niños, sobre todo en situaciones relacionadas con adopciones y trata de personas.

 

Uno de los casos que documenta la CICIG en la denuncia es el de la privación ilegal e injustificada del derecho de un niño a su identidad, ordenando la inscripción del menor en el Registro Nacional de Personas como hijo de padres desconocidos pese a haber identificado y tenido en su presencia a la madre biológica.

 

Además, se le imputa no haber respetado las normas nacionales e internacionales de adopción y haber dispuesto que el niño podía ser adoptado sin cumplir con el requisito de obtener el consentimiento de los padres biológicos.

 

El antejuicio es lo que comúnmente se conoce como desafuero y que no es otra cosa que, sin prejuzgar el fondo del asunto, se retira el privilegio constitucional del funcionario que impide que pueda ser juzgado ante tribunales comunes por la comisión de delitos.

 

La Constitución otorga derecho de antejuicio al Presidente, Vicepresidente y Fiscal General, y a los diputados, procuradores General y de los Derechos Humanos, magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, ministros y secretarios de la Presidencia. El artículo 206 de la Constitución también otorga el derecho de antejuicio para magistrados y jueces cuyo proceso de antejuicio está regulado por una ley secundaria.

 

 

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