La crisis política en El Salvador que enfrenta a los poderes legislativo y judicial no terminó con la declaración de inconstitucionalidad de la elección de magistrados, sino que ha llegado también al nombramiento del fiscal general del país.

 

De acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el decreto por el que la legislatura de la Asamblea  Legislativa nombró en abril pasado al fiscal general, que debe iniciar funciones en septiembre próximo, es inconstitucional.

 

El argumento de la Sala de lo Constitucional es que la legislatura que finalizó funciones el 30 de abril pasado realizó dos nombramientos de fiscal general, con lo que se incumple la disposición del artículo192 de la Constitución que al disponer que la elección de fiscal general sea cada tres años, busca fortalecer la independencia del fiscal y asegurar la incidencia del el pueblo en cada elección de Fiscal, por lo que corresponde a la actual legislatura hacer el nombramiento.

 

La Sala de lo Constitucional no consideró relevante analizar si el fiscal general nombrado, Ástor Escalante, cumple con los requisitos de moralidad y competencia, pese a que en la demanda se argumenta que la legislatura no había fundamentado ni justificado ambas cualidades del funcionario nombrado, pese a que así lo exige la ley.

 

En su sentencia emitida este semana, la Sala conmina a la actual legislatura a hacer el nuevo nombramiento del fiscal general, antes de que venza el período del funcionario elegido en 2009.

 

 

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