El pasado martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución condenando al estado de Chile en el caso interpuesto por Karen Atala, jueza que demandó haber perdido la custodia de sus hijas después de haberse declarado abiertamente homosexual.

 

En el fallo, la Corte considera que con la decisión judicial el estado chileno violó el derecho a la igualdad y a la no discriminación de la jueza y sus hijas, así como el derecho de la vida privada.

 

El caso se remonta al año 2003 cuando Jaime López, padre de las hijas de Karen Atala, demandó ante el poder judicial la custodia de sus hijas bajo el argumento de que la orientación sexual de la madre y la convivencia que mantenía con otra mujer podrían afectar el desarrollo de las menores.

 

Tras un largo conflicto judicial, la Corte Suprema acogió en 2004 un recurso extraordinario de queja interpuesto por López y revocó los fallos de los tribunales inferiores que favorecían a Atala y otorgó al padre la custodia de las niñas.

 

Karen Atala llevó el asunto hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 2010 falló a su favor y concluyó que el estado chileno violó el derecho de Atala de vivir libre de discriminación, recomendando al estado chileno reparar íntegramente a esta mujer.

 

Ahora es la Corte la que condena al estado chileno ordenando la reparación del daño a Karen Atala y a sus hijas pagándoles una indemnización de $60.000 dólares por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos. Además, deberá brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten.

 

Asimismo, el Estado chileno deberá organizar un acto público de reconocimiento internacional por los hechos del presente caso.

 

Sobre la resolución, el ministro de justicia de Chile declaró que el estado “sostuvo ante esta Corte el deber de resguardar, siempre y en todo momento, los intereses superiores de las niñas involucradas” y que la Corte reconoció los esfuerzos del gobierno de Chile en la materia y por ello no consideró pertinente ordenar la adopción, modificación o adecuación de normas específicas de derecho interno. A su juicio, con la resolución, la Corte ratificó la postura de Chile, además de que rebajó “sustancialmente” la indemnización.

 

Por su parte, Jaime López, padre de las niñas, declaró en una carta enviada al diario El Mercurio que la Corte nunca tomó en consideración la opinión de sus hijas quienes nunca se sintieron víctimas y no quisieron participar en el proceso y que sus garantías fueron violadas, señalando que los abogados del estado Chileno no hicieron su labor defendiendo a las adolescentes chilenas.

 

 

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