En un fallo calificado de histórico, la Corte Suprema de Argentina ratificó por unanimidad una sentencia del Tribunal Superior de la provincia de Chubut, al sur del país en la Patagonia, por la cual no son punibles los abortos que se realicen en caso de violación.

 

La sentencia la emitió el Tribunal Superior de Chubut en el caso de una adolescente de 15 años que había sido violada por su padrastro. Esa sentencia autorizó a la menor a proceder con el aborto.

 

Pese a que al momento de declararse la Corte ya se había practicado el aborto, la más alta magistratura de Argentina señaló que era necesario un pronunciamiento sobre los casos de excepción a la punibilidad del aborto a fin de que sirviera como guía en futuros casos.

 

En Argentina el aborto es delito conforme al Código Penal que establece como excepciones si hay peligro para la vida o salud de la madre o en caso de violación o cuando se haya atentado contra el pudor de una “mujer idiota o demente”.

 

La controversia radicaba en si procedía el aborto en caso de violación de mujeres que no tuvieran alguna discapacidad mental por lo que este fallo de la Corte deja claro que el caso de excepción alcanza a todas las víctimas de violación independientemente de sus condiciones de salud.

 

Es interesante señalar que en el fallo se resaltó que tanto la Constitución argentina como los tratados internacionales en materia de derechos humanos de que forma parte no solo no prohíben los abortos en caso de violación, sino que impiden castigarlos.

 

En el fallo, la Corte Suprema establece que en estos casos los médicos no deben requerir autorización judicial para practicar el aborto y que para hacerlo solo se requiere la declaración jurada de la víctima o de su representante legal de que el embarazo es producto de una violación.

 

Con su fallo los ministros también hicieron un llamado a las autoridades sanitarias a implementar protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles o sancionados, removiendo los obstáculos administrativos e implementando campañas de información sobre sus derechos a las víctimas de violación.

 

Se trata de un fallo que ha dividido la opinión argentina y en la que presentaron sus posiciones once instituciones en calidad de amicus curiae, nombre con que se designa a los terceros ajenos a un litigio pero que ofrecen su opinión sobre el mismo a fin de colaborar en la resolución, unos a favor y otros en contra.

 

 

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