La nueva Constitución de Hungría entró en vigor el pasado 1° de enero y se trata de un documento que desde que fue sancionado en abril del año pasado, ha sido objeto de controversia con la Comisión Europea, organismo que este martes decidió iniciar acción legal en contra de la misma y de las leyes secundarias por considerar que tres cuestiones principales son violatorias del derecho comunitario.

 

De esta manera, el presidente de la Comisión Europea, José Barroso, la vicepresidenta, Viviane Reding y el vicepresidente Olli Rehn, enviaron cartas formales al gobierno húngaro para responder sobre los asuntos que están en controversia con las leyes de la Unión Europea. El gobierno del primer ministro Viktor Orban tiene un mes para dar respuesta formal sobre los cuestionamientos.

 

La Comisión Europea es una de las principales instituciones de la Unión Europea. Está  encargada, entre otros, de representar y defender los intereses del conjunto de la Unión, comprobando que todos los países miembros aplican correctamente la legislación de la Unión.

 

En caso de comprobar que no se aplica dicha legislación, está facultada para iniciar acción legal enviando al país miembros una carta formal en donde solicita que se corrija el problema. Si de esta acción no se obtienen los resultados esperados, la Comisión puede enviar el asunto al Tribunal de Justicia para que resuelva. Además de que el Tribunal puede imponer multas, sus decisiones son vinculantes.

 

En el caso de Hungría los temas que ocupan a la Comisión Europea se refieren a la autonomía del banco central, a la independencia judicial y de la autoridad de protección de datos y se trata de aspectos que se consideran violatorios tanto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como de la Carta de derechos Fundamentales.

 

Por lo que se refiere al banco central, el Magyar Nemzeti Bank, MNB, la preocupación se deriva tanto de previsiones de la Constitución como de la ley secundaria sobre el funcionamiento del banco, principalmente porque al ser un banco central forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales, por lo que se debe garantizar total independencia. Las nuevas leyes permiten la participación del primer ministro en el Consejo Monetario, con lo que puede influir en las decisiones del Banco, y se establece una serie de presiones de tipo salarial en el gobernador del banco y otros funcionarios, además de que se les pide hacer un juramento de fidelidad con el país y sus intereses, lo que se contrapone con la participación del gobernador en el Sistema Europeo de Bancos Centrales.

 

El tema de la independencia judicial genera controversia pues se reduce la edad de jubilación exigiendo que los jueces y fiscales se retiren a la edad de 62 años y no a los 70 años como estaba previsto anteriormente. Lo anterior, de acuerdo con fallos del Tribunal de Justicia Europeo constituye una discriminación laboral por edad al ser obligatorio el retiro, además de que discrepa con las medidas que se han tomado en los países europeos de aumentar la edad de jubilación en lugar de disminuirla.

 

Además, al obligarse el retiro de varios jueces y fiscales, se generan vacantes en todo el sistema judicial, incluyendo la Suprema Corte llamada ahora Nueva Curia, que podrán ser llenadas con jueces nombrados directamente por el presidente, con influencia del primer ministro y sus intereses políticos personales.

 

Asimismo bajo las nuevas leyes, la operación del sistema judicial en cuanto a la administración de las cortes, personal, recursos financieros y distribución de casos recae en una sola persona, el presidente de la Oficina Nacional Judicial, por lo que no se trata de decisiones colegiadas que otorgan mayor seguridad de una independencia del poder judicial.

 

Por último, la Comisión hace un llamado a revisar las nuevas leyes en materia de la autoridad de protección de datos, pues cambia la autoridad y se crea una nueva oficina con facultad tanto del primer ministro como del presidente de remover al jefe de dicha autoridad. En Europa, tanto por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como por la Carta de Derechos Humanos y decisiones del Tribunal de Justicia, la independencia de la autoridad que se encarga de proteger la privacidad de datos debe garantizarse por el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

 

Como respuesta a estas peticiones legales de la Comisión Europea, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban declaró que no existe ninguna disputa con la Unión Europea y que trabajarán para examinar los cuestionamientos y dar una respuesta satisfactoria.

 

 

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