El próximo 10 de diciembre la jueza venezolana María Lourdes Afiuni cumple dos años de detención sin haberse dictado sentencia en su contra y en medio de un proceso que se encuentra estancado desde el pasado mes de abril y sumamente controvertido.

 

La jueza Afiuni fue detenida después de que concediera la libertad provisional al banquero Eligio Cedeño, un juicio altamente politizado, acusada de haber procedido de manera ilegal al conceder la libertad provisional a espaladas del ministerio público. Posteriormente se agregaron cargos por haber aceptado sobornos.

 

Tras la detención de la jueza, el presidente venezolano exigió una condena de 30 años de prisión para ella, aún cuando nueva legislación fuese necesaria para alcanzar ese objetivo, lo que fue denunciado internacionalmente como una de las mayores violaciones al principio de seguridad y certeza jurídica.

 

María Lourdes Afiuni y sus abogados han denunciado imparcialidad en el proceso con el nombramiento del juez, Alí Paredes, partidario del presidente Chávez y de las constantes violaciones a las leyes procedimentales venezolanas y de derechos humanos, situación que ha sido denunciada por la ONU y otras organizaciones.

 

Desde abril pasado las audiencias del caso se detuvieron. El ministerio público y la fiscal general de Venezuela María Luisa Ortega argumentan que por causa de la imputada, y la jueza Afiuni señala que la detención del proceso se ha debido al propio juez, a la fiscal general y al mismo presidente Chávez.

 

El miércoles de esta semana la fiscal general de Venezuela, María Luisa Ortega anunció que el ministerio público solicitaría al juez una prórroga de la detención de la jueza Afiuni por un período de dos años más debido a la suspensión de las audiencias.

 

A lo anterior, José Amalio Graterol, abogado de la jueza Afiuni contestó que se trataba de un acto inmoral y además ilegal pues explicó que el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece que nadie puede estar sometido a un proceso penal en un tiempo igual al del mínimo de la pena que debería imponerse y que en ningún caso puede ser de más de 2 años, aunque el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar al tribunal una prórroga en casos complicados.

 

Para el abogado Graterol, la solicitud de prórroga es un acto de "inmoralidad y mala fe que violenta la leyes" del ministerio público "sabiendo que no hay un solo elemento de convicción ni un medio de prueba que permita concluir que Afiuni participó en un hecho punible".

 

Hasta este momento el juez no se ha pronunciado al respecto.

 

 

Más información ElUniversal.com

 

www.miabogadoenlinea.net

 

 

Pin It