El diario británico Guardian publicó el pasado fin de semana una carta en donde en 2008 se solicitó aprobación del Príncipe Carlos, Duque de Cornwall, para que se legislara sobre planeación y construcción, materias que afectan al ducado que él administra, con lo que se inició el análisis de la prerrogativa constitucional que tiene el Duque de Cornwall de autorizar cualquier acto que pudiera afectar la propiedad del ducado.

 

El título y la propiedad del Ducado de Cornwall fueron creados por decreto real en 1337 por el rey Eduardo III para ser entregados al hijo mayor del rey, quien además de ser el Príncipe de Gales es el Duque de Cornwall. Solo en caso de que este hijo mayor, Duque de Cornwall, siguiente en la línea de sucesión a la corona, falleciera sin hijos, la propiedad del ducado regresa a la soberanía real.

 

Mediante este decreto real no solo se otorgó la propiedad sino la capacidad de que las leyes parlamentarias que afecten los intereses privados del Duque de Cornwall sean consentidos por el Duque de la misma manera en que se solicita ese consentimiento de parte del Soberano sobre asuntos que afectan sus intereses privados.

 

Existe una diferencia fundamental entre este consentimiento y la aquiescencia o beneplácito real que se otorga a las leyes. Mientras éste último es una aceptación formal que la Reina, en el caso actual, otorga a las leyes que ya han sido aprobadas por el Parlamento, el consentimiento en el caso de leyes que afectan los intereses personales del Rey o del Duque de Cronwall es un requisito legislativo, previo a la discusión de la ley y que sirve para proteger las prerrogativas e intereses privados de la Corona británica, por lo que puede ser interpretado como un derecho de veto.

 

De acuerdo con el analista de Guardian, el otorgamiento de esta aceptación es la única facultad constitucional que posee el Duque de Cornwall quien por lo demás es un ciudadano más sujeto a la autoridad real.

 

La carta de solicitud de aceptación que publicó el periódico Guardian era sobre una ley en materia de planeación y construcción por la cual se sujetaba al ducado a seguir esas normas que aplican para todos, sin obtener prerrogativas especiales. Se trata de una materia importante puesto que de la administración del ducado el Príncipe de Gales obtiene sus ingresos que sirven para mantener su estilo de vida, el de sus hijos y el de su esposa. Se trata así de una propiedad de 700 millones de libras esterlinas que el año pasado le produjo beneficios por el desarrollo inmobiliario por 18 millones de libras esterlinas.

 

Para muchos británicos, particularmente aquellos que están en contra de la monarquía, esta facultad de autorizar leyes que afecten intereses personales dista mucho de ser representativa de un gobierno democrático. Pero además el hecho de que no se haga publico cuando se solicita esta autorización ni la respuesta del Príncipe de Gales complica mucho más la transparencia a que debe quedar sometido el estado.

 

Así se ha conocido que desde el año 2005 por lo menos en 17 oportunidades se ha solicitado esta aprobación o veto de Carlos en su calidad de Duque de Cornwall en diversas materias que van desde la navegación marítima hasta el desarrollo económico, las apuestas o los juegos olímpicos. Sin embargo son pocos los ministerios que se han atrevido a hacer publicas sus cartas de solicitud de autorización ya que ministerios como el de justicia, alimentación o salud se han escudado bajo la excepción de transparencia al declarar que hacer publicas esas solicitudes estaría en contra del derecho de privacidad del Príncipe. Por supuesto, las cartas de respuesta del Príncipe no han sido hechas del conocimiento público.

 

La discusión sobre esta facultad se ha agudizado porque se conoce que el Príncipe ha cabildeado en diferentes ministerios leyes para proteger más que sus intereses privados en cuanto al ducado de Cornwall, sino que implican también sus preferencias personales en materia de desarrollo urbano u organizaciones de caridad que apoya. Hace un par de años hubo una fuerte discusión en materia de arquitectura pues el Príncipe se opuso a que un edificio en el centro de Londres se edificara como estaba planeado por los arquitectos por no ajustarse a un modelo tradicional de la arquitectura británica. Esa oposición no fue pública sino que se ejerció mediante presión por la posición que ocupa.

 

Así que ahora la propuesta de muchos es para cambiar esta facultad que tiene como Duque de Cornwall y hacerlo un mecanismo trasparente acorde con el sistema democrático que se pretende impulsar. Aunque de acuerdo con declaraciones de un vocero del actual primer ministro, David Cameron, no hay planes para hacer estos cambios legislativos.

 

 

Más información Guardian

 

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