El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo en España emitió una sentencia un tanto innovadora en materia de derecho familiar por la cual la asignación de la vivienda familiar en caso de divorcio y  cuando los hijos son mayores de edad es para el cónyuge con mayor necesidad de protección.

 

El caso particular que se resolvió fue el de un matrimonio donde la mujer de 46 años se dedicó durante los 23 años que duró el matrimonio a las labores domésticas y al cuidado de los hijos.

 

Los hijos, mayores de edad, decidieron vivir con el padre tras el divorcio por lo que en un instancia inferior se asignó el uso de la vivienda familiar al padre y los hijos a fin de que directamente pudiera procurar los alimentos hasta que los hijos terminen su formación. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que quien requería mayor protección era la madre y por tanto se revirtió la sentencia de primera instancia.

 

De acuerdo con el razonamiento del Tribunal, la mujer, sin título ni oficio ni experiencia laboral, se encuentra en una situación de desventaja para acceder al mercado laboral a sus 46 años por lo que está más necesitada de protección.

 

Si los hijos hubieran sido menores de edad, la vivienda se hubiera asignado al padre con la custodia porque la protección y asistencia a los menores de edad es incondicional tal y como lo establece la Constitución española. Pero de acuerdo con esta nueva doctrina, el interés de los hijos mayores de edad no debe tomarse como criterio predominante al asignar la vivienda porque no ostentan derecho sobre el uso de la vivienda, excluyendo con ello a uno u otro padre.

 

El Tribunal Supremo también resolvió lo relativo a la pensión que el hombre proporcionará a la mujer y lo fijo en 400 euros mensuales por un período de 15 años. En primera instancia se había adjudicado la pensión sin límite de tiempo, pero en la apelación y ahora en el tribunal Supremo se confirma un período máximo porque se considera que durante estos quince años la mujer tendrá la oportunidad de lograr una estabilidad económica y laboral o acogerse a los programas de subvención o subsidios disponibles para las personas mayores.

 

Con esta decisión se confirma que se trata de una pensión que compensa a la mujer  y no de un instrumento de nivelación patrimonial como se podría considerar si no se fijara un límite máximo de años para entregarla.

 

Esta decisión ha generado controversia, pues hay quienes opinan que se trata de una resolución poco equitativa hacia los hombres pues es más probable que se suponga que siempre el cónyuge con mayor necesidad de protección es la mujer, aún cuando, como en este caso, los hijos elijan vivir con el padre y no con la madre.

 

 

Más información El País

 

 

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