El martes de la semana pasada el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, solicitó a INTERPOL la emisión de órdenes de arresto en contra de Muammar Gadafi, su hijo Said al-Islam Gadafi y Abdullah al-Senussi, jefe de inteligencia.

 

La Corte Penal Internacional ya había emitido órdenes de arresto en contra de estas tres personas por los delitos de lesa humanidad cometidos en Libia entre el 18 y 28 de febrero de este año, al ordenar que se disparase contra los manifestantes contrarios al régimen de Gadafi.

 

Gracias a un convenio de colaboración entre la CPI e INTERPOL, que data de 2004, al haberse solicitado auxilio de ese organismo internacional, el viernes 9 de septiembre INTERPOL emitió alertas rojas en contra de Gadafi y sus dos aliados lo que significa que los 188 países miembros de la INTERPOL tienen la obligación de hacer los arrestos en caso de encontrar a estas personas en su territorio.

 

Esta obligación se hace extensiva a Níger, país que colinda con Libia al suroeste y de donde se han recibido noticias en el sentido de que diferentes caravanas de aliados a Gadafi, entre quienes se supone pueden estar los indiciados, han cruzado la frontera. El gobierno de Níger sigue negando que el coronel Gadafi se encuentre en su territorio.

 

Para los libios, sin embargo, las órdenes de arresto no significan mucho ya que muchos desean que Gadafi y sus aliados sean juzgados en Libia y respondan de los crímenes cometidos contra el país y sus habitantes los 42 años que duró la dictadura.

 

Libia no es parte del Estatuto de Roma por lo que muchos habitantes consideran que la justicia que podría impartir la Corte Penal Internacional es solo suplementaria y que es el sistema de justicia nacional el que debe encargarse de impartir justicia.

 

Una justicia que para muchos ciudadanos no significa someterse a leyes y tribunales, sino a la ejecución de los que consideran culpables, sin derecho a un juicio previo como el régimen de Gadafi hizo con sus enemigos en las décadas de los años 70 y 80.

 

Así, para muchos libios el estado de derecho y el sistema judicial no existe porque era un aparato manejado por la voluntad política del coronel Gadafi. Por esta razón muchos prefirieron siempre resolver sus problemas sin incluir órganos gubernamentales, ya fuera amigablemente o mediante la venganza.

 

El implementar un sistema de justicia que genere confianza y seguridad en Libia, así como la creación de leyes claras y justas, estos es, el crear un estado de derecho, es uno de los grandes y principales retos que tienen en sus manos las autoridades de transición y la sociedad libia. 

 

 

Más información BBC

 

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