La noche del pasado lunes, el Knéset, parlamento de Israel, aprobó la Ley de Prevención de Daños al Estado de Israel por Boicots, la cual ha sido muy cuestionada no solo por opositores al gobierno, sino también por académicos y abogados constitucionalistas.

 

Mediante esta ley, cualquier individuo u organización que proponga mediante un boicot manifestar su desacuerdo con alguna política podrá ser demandado por cualquier individuo o empresa que suponga ser afectada por ese boicot y exigir una compensación. En términos de esta ley quien demanda no debe probar la existencia del daño reclamado.

 

La ley pretende proteger a los individuos e instituciones que se localicen en Israel y en el territorio palestino e incluye la prohibición a los boicots de los consumidores a bienes producidos en los asentamientos de la Ribera Occidental de Cisjordania, conocida en inglés como WestBank, o de instituciones culturales o académicas de los asentamientos. La ley prohíbe al gobierno de Israel mantener relaciones comerciales con las empresas que participen en los boicots.

 

Con esta ley se pretenden evitar los boicots que se están generando a un centro cultural y a una universidad en Ariel, en la zona de asentamientos de la Ribera Occidental, y a algunos acuerdos contractuales de ciertas compañías israelíes de no usar material que proceda de los asentamientos en la construcción de la nueva ciudad palestina de Rawabi.

 

Para los detractores de esta ley se trata de una legislación contraria a la constitución por limitar el derecho de libertad de expresión y a juicio de Saeb Erekat, jefe de negociaciones de Palestina, castiga a quienes se manifiesten en contra de la ilegalidad de los asentamientos israelíes en territorio de Palestina.

 

Pero para los promotores de la legislación, su finalidad no es silenciar a nadie sino proteger a los ciudadanos de Israel de los continuos boicots. En este grupo se encuentra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien pese a no haber votado la ley, manifestó su apoyo a la misma declarando que está en contra de los boicots dirigidos hacia el estado de Israel.

 

Como respuesta a esta ley, el martes la Asociación de Derechos Civiles de Israel presentó una petición a la Suprema Corte en donde reclama que la ley en cuestión es inconstitucional, al limitar la libertad de expresión, y antidemocrática, al limitar un mecanismo de control ciudadano. Otra coalición de asociaciones de derecha se comprometió a presentar también su petición ante el más alto órgano jurisdiccional del país.

 

Para estas asociaciones se trata de una ley que prohíbe manifestarse en contra de los asentamientos ilegales, y que solo logrará que en el mundo se siga cuestionando la democracia en Israel y que generará, paradójicamente, mayores boicots del exterior.

 

Las organizaciones civiles también están en espera de que se vote otra ley la próxima semana en donde se pretende permitir la investigación del financiamiento de organizaciones civiles de derechos humanos, lo cual es, a decir de estos grupos, otro mecanismo para intentar silenciarlos.

 

 

Más información The Guardian

 

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