En distintas ocasiones hemos comentado que la tendencia mundial es sancionar a los usuarios de Internet que realicen descargas de Internet de material protegido por derechos de autor. El sistema que se ha adoptado es el de avisos previos antes de las acciones legales.

 

España y Francia ya han implementado estas medidas, y esa es la intención  de los participantes en el Acuerdo Comercial Antifalsificación conocido como ACTA.

 

En Estados Unidos también existe un proyecto legislativo en este mismo sentido, pero mientras se aprueba, las industrias cinematográfica y musical han alcanzado un acuerdo con proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) como Verizon Communications, Comcast, Time Warner Cable, Cablevision Systems y AT&T para avisar a los consumidores, hasta seis veces, cuando parezca que su cuenta está utilizándose para descargas ilegales. Las advertencias se realizarán por correo electrónico o mediante mensajes con ventanas emergentes, pero no se llegará  a la suspensión.

 

Si la supuesta actividad ilegal persiste, el proveedor podría reducir temporalmente la velocidad de conexión a Internet, restringir temporalmente el acceso a la red, redirigir el navegador a una página web específica o mostrar mensajes que obliguen al cliente a comunicarse con la compañía. El objetivo según la RIAA y la MPAA  es educar a los suscriptores acerca de lo que llaman robo de contenidos.

 

"Confiamos en que, una vez informados de que se está robando contenido con sus cuentas, la gran mayoría tomarán medidas para evitarlo", dijo James Assey, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Cable & Telecomunicaciones, en un comunicado.

 

Los ISP no violarán la privacidad de los usuarios y no filtrarán o monitorearán la red, sino que aplicarán la medida a las direcciones de IPs (Protocolo de Internet) que les proporcionen lo titulares de derechos de autor.

 

Existe un sistema de apelaciones. El usuario tendrá derecho a solicitar una revisión del caso, pero efectuando un pago de 35 dólares. El riesgo está en que si los propietarios de las IP no son los responsables directos de las descargas, que siendo inocentes se vean obligados a pagar para ejercer sus derechos.

 

Al parecer, este es el sistema que está avanzando en el mundo, pero 40 países entre los que se encuentran Japón, Mexico, Estados Unidos firmaron una declaración en la última reunión del Consejo de los Derechos Humanos en la que señalan que el impedir el acceso a Internet es una medida desproporcionada. Paradójicamente participan de la declaratoria  países que también participan en ACTA.

 

Más información en arstechnica

 

www.miabogadoenlinea.net