El día de ayer las autoridades texanas dieron cumplimiento a la sentencia de pena de muerte por inyección letalque pendia sobre Humberto Leal García, , programada para el 7 de julio, a las 6 p.m., hora local. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas negó el lunes una solicitud de aplazamiento y/o conmutación de la pena y la decisión final quedó en manos del gobernador del estado, Rick Perry.

 

Humberto Leal García fue encontrado culpable del secuestro, violación y homicidio de una joven de dieciséis años en1994. Nadie tiene duda de que Leal García es culpable de la muerte brutal de esta joven, que se cometió con todas las agravantes.

 

En realidad, el caso de este homicida sólo ha trascendido a la opinión pública porque forma parte de los 51 asuntos analizados en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un juicio entre México y Estados Unidos, en el que la CIJ resolvió en 2004. En su sentencia la CIJ estableció que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena al no informar a 51 mexicanos de los derechos derivados de la Convención, y al no notificar a las autoridades consulares de la detención de 49 nacionales mexicanos.

Lo que estaba en juego en este caso no era la protección directa a Leal García o la pena de muerte sino el derecho que tiene toda persona, con base en la Convención de Viena, a contar con el apoyo de su Estado de origen cuando enfrenta un proceso penal en el extranjero.  En el caso de Leal parte de la evidencia en el juicio eran dos declaraciones incriminatorias que hizo a la policía en entrevistas realizadas el día del asesinato, en las que no contó con asistencia consular.

 

La Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos esta obligado a revisar y reconsiderar las condenas y sentencias, por el medio de su elección, y que esa revisión y reconsideración debe darse a través de un proceso judicial en el que se valore si la violación del tratado causó un perjuicio real al acusado.

 

Desde entonces Estados Unidos ha hecho esfuerzos por cumplir con la sentencia.

 

En 2005 mediante una memorándum, el entonces presidente Bush, señaló que las Cortes Estatales deberían dar cumplimiento a la sentencia, pero esta instrucción fue apelada por Texas.

 

En 2008 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sentenció que ni la sentencia de la CIJ “ni el  Memorando del Presidente constituyen una ley federal directamente aplicable que supere los límites impuestos por los Estados en las sucesivas  peticiones de hábeas ". Sin embargo, reconoció que "se crea una obligación de derecho internacional para Estados Unidos y que el Congreso podría darle efectos en su territorio "a través de la implementación de una ley”.

 

El junio de 2011 se presentó una iniciativa de ley que busca dar cumplimiento a la sentencia, llamada Consular Notification Compliance Act (CNCA), que da jurisdicción a cortes federales para revisar los casos de personas sentenciadas a pena de muerte a quienes no se les haya informado de su derecho a la notificación consular.

 

El gobierno federal de Estados Unidos alegaba que este asunto afectaba sus intereses de política exterior ya que la ejecución podría causar un daño irreparable al violar el país sus obligaciones de derecho internacional, impuestas por la sentencia de la CIJ. Inclusive consideran que las relaciones con México y cualquier tipo de cooperación podrían verse afectadas.

 

También el gobierno de Estados Unidos teme que en represalia se niegue a los ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero los beneficios de la asistencia consular en caso de detención.

 

Estados Unidos sabe que no podría exigir a otros países el cumplimiento de la obligación de asistencia consular, si ellos no están cumpliendo con esta obligación.

 

Así el asunto va más allá de Leal García  o los otros condenados. Lo que está sobre la mesa es una garantía del debido proceso a nivel internacional que es el apoyo consular, y que va en beneficio de todos las personas a nivel mundial, no sólo ciudadanos mexicanos o norteamericanos, que pueden ser acusados y sentenciados injustamente como consecuencia de no recibir la debida asesoría legal.

 

Es por eso que la Unión Europa, el Reino Unido, Chile, El Salvador, Honduras Suiza, solicitaron que se suspenda la ejecución hasta que se apruebe la CNCA.

 

Ahora con la ejecución de Humberto Leal García, la presión internacional sobre Estados Unidos aumentará.

 

Los defensores de Leal García tal vez debieron de haber intentado detener la ejecución por el uso de pentobarbital, sustancia no establecida por la normatividad para realizar las ejecuciones.

 

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