En España, el Consejo de Ministros o gabinete aprobó este mes una iniciativa de ley que tiene por objeto ampliar la prestación de servicios funerarios, un mercado que significa mil millones de euros, con el fallecimiento de unas 380,000 personas al año.

 

En esta iniciativa se elimina también el plazo de 24 horas que debe mediar entre el fallecimiento y el entierro que hacía que en ocasiones se pudiera enterrar a una persona hasta 48 horas después de fallecida debido a la disposición de ley y horarios de la funeraria y del cementerio.

 

El plazo señalado fue impuesto en el pasado para verificar que la muerte de la persona fuera real y certera, pero se argumenta que con la tecnología y métodos disponibles en la actualidad para certificar fehacientemente un fallecimiento, ese plazo ya no es necesario.

 

La iniciativa, realizada en función del consumidor y de la libre empresa, pretende reducir los costos funerarios que actualmente pueden ascender hasta 2,000 euros, $2,886 dólares o $33,957 pesos, al eliminar requisitos para que operen en el mercado nuevas empresas que ofrezcan estos servicios.

 

La iniciativa amplía también las obligaciones de las aseguradoras al obligarlas a presentar a los beneficiarios del asegurado varias opciones de funerarias, con sus costos totales, impuestos incluidos, a fin de que elijan la mejor opción. Actualmente muchas aseguradoras solo ofrecen los servicios de algunas agencias con las que tienen convenios.

 

La obligación de presentar todas las opciones disponibles a los deudos se amplía a hospitales y geriátricos, donde suceden hasta el 80% de los fallecimientos.

 

Por su parte, las agencias funerarias tendrán la obligación de presentar a quien lo solicite y de manera gratuita, un presupuesto vinculante en el que establezcan el monto total del servicio ofrecido, con los impuestos que se generan.

 

Para asegurar la libre competencia se eliminan restricciones como las territoriales, permitiendo que las agencias funerarias puedan operar en toda España, sin necesidad de contar autorizaciones municipales, requisito que actualmente cierra territorialmente la competencia.

 

Además, ya no se solicitará a las agencias un número mínimo de vehículos funerarios, personal o de salas de velatorios para obtener la autorización y prestar sus servicios.

 

Representantes de consumidores aprueban en lo general esta iniciativa, pero proponen que se incluya más la mención de que se trata de derechos del consumidor y se establezcan sanciones a las violaciones de las disposiciones cuando se vulnere la libre competencia o la libertad de elección.

 

Además proponen que se obligue a las agencias a eliminar la costumbre de abordar a los familiares de una persona recién fallecida ofreciéndoles sus servicios y en casos forzándoles a tomar una decisión precipitada y poco informada.

 

Estas propuestas pueden ser incluidas en la iniciativa en la Cámara de los Diputados, a quienes les corresponde revisar la iniciativa, reformarla si lo considera pertinentes y aprobarla para que sea a su vez revisada por el Senado.

 

Más información El País

 

 

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