Afganistán se encuentra cada vez más cerca de una crisis constitucional que inició con las elecciones parlamentarias del año pasado, cuyos resultados no fueron completamente favorecedores para el actual presidente Hamid Karzai.

 

Desde que el Parlamento fue disuelto en agosto del año pasado, Hamid Karzai ha gobernado sin poder legislativo, habiendo nombrado a sus ministros sin ratificación del órgano legislativo.

 

Verificadas las elecciones parlamentarias, Karzai ha retrasado cuatro meses la instalación del nuevo Parlamento y para ello ordenó el establecimiento de una corte especial encargada de revisar los resultados electorales.

 

Los críticos señalan que dicha corte es ilegal puesto que la Constitución afgana y la legislación electoral establecen que el proceso electoral debe ser verificado por la Comisión Independiente Electoral, único órgano legitimado para pronunciarse sobre el resultado final del proceso electoral.

 

La corte especialmente creada por Karzai ordenó la reinstalación de 62 personas que previo al proceso electoral fueron descalificados por diferentes motivos, con lo que el resultado de las elecciones se ve visiblemente afectado.

 

Por estas razones el Parlamento, una vez instalado, emitió un voto de no confianza contra el procurador general del país, quien fue el encargado de convocar a la corte especial y que incluso ha fincado cargos penales en contra de al menos cuatro prominentes comisionados electorales, a quienes acusa de corrupción y abuso de poder, pero sin especificar más al respecto.

 

La decisión de la corte especial, que se considera motivada políticamente por Karzai, quien según sus opositores busca cambiar la Constitución para permanecer en el cargo finalizado su segundo período presidencial en 2014, deberá ser implementada por el procurador general, pero aún no se sabe cómo se hará.

 

Las elecciones verificadas el año pasado en Afganistán fueron calificadas de fraudulentas por la comunidad internacional.

 

Más información The New York Times

 

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