A raíz del escándalo dado a conocer del alto robo de bebés ocurrido en España de la década de los años 60 a 1987, año en que se expidió la Ley de Adopción,  la fiscalía de Madrid se encuentra estudiando los casos denunciados a fin de determinar en cuáles de ellos procedería abrir una investigación judicial.

 

Se ha denunciado que el robo de infantes fue muy común durante la época que siguió a la Guerra Civil como una manera de represión a los opositores al régimen, pero que esta situación continúo durante el franquismo tardío e incluso en la transición, tras abrirse un gran mercado para niños, operado mayoritariamente por monjas y hospitales católicos.

 

Las denuncias han sido realizado por madres que dicen que en los hospitales les comunicaban el fallecimiento de sus bebés recién nacidos y que muchas de ellas no pudieron ver el cadáver de sus hijos por lo que ahora sospechan si sus hijos no fueron entregados ilegalmente en adopción a otra pareja que podía pagar el costo por un bebé requerido por los intermediarios.

 

Otras madres señalan que fueron convencidas por las monjas que trabajaban en las maternidades de entregar a sus niños en adopción con la promesa de un futuro mejor.

 

Son muchas las denuncias que se han presentado. La Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) llevó el 27 de enero de 2011 al fiscal general de España 261 casos de supuestos robos de niños registrados en todas las comunidades, la mayoría en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco. Pero esas denuncias han crecido y ya hay en total más de 747, sin incluir las denuncias que otras asociaciones han reunido.

 

En Madrid particularmente, donde se localizaba la clínica San Ramón, cuyo director era el doctor Eduardo Vela, quien sigue ejerciendo, y que se califica como una de las mayores fábricas de bebés, la fiscalía analiza cuáles de esas denuncias podrían estar sujetas a investigación cumpliendo en principio el criterio de que el bebé no haya sido enterrado en una fosa común porque buscar pruebas de ADN sería muy difícil.

 

A partir de ahí, el ministerio público deberá decidir el tipo de delito que se imputaría a los responsables y que podría ser el de falsedad documental, al haber inscrito a los bebés con nombres distintos a los reales; el de sustracción de recién nacidos y el de detención ilegal. Este último resulta mucho más difícil de demostrar, ya que el tipo delictivo se da cuando se impide la libre circulación de las personas, lo que no ocurrió con los recién nacidos.

 

Para determinar el tipo penal también deberán analizar la prescripción de los mismos, ya que muchos tienen un plazo de prescripción de cinco años. Por ello están estudiando si se trata de delitos continuados en el tiempo o permanentes lo que implicaría que no ha caducado la acción penal.

 

En los casos en que se abran las investigaciones, la fiscalía llamaría a declarar a los responsables de estos delitos como el doctor Vela y otras mujeres, monjas en su mayoría, que se vieron implicadas en el tráfico de niños, delito que sigue teniendo consecuencias hasta el día de hoy en que madres e hijos biológicos se buscan para lograr cerrar heridas del pasado.

 

Más información El País

 

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