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Una vez que en España la Ley de Economía Sostenible o Ley Sinde ha sido aprobada y publicada, ya existe un proyecto para regular las nuevas facultades de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), que es responable de “salvaguardar los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información".

 

El Proyecto de Real Decreto retoma las facultades del Estado ya previstas en el artículo 11 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, para ordenar la suspensión de una página que debe retirar sus contenidos u ordenar que se bloquee el acceso desde España cuando el servidor no se aloje en ese país, previa autorización de un juez de la Audiencia Nacional. Esas facultades son otorgadas a la CPI.

 

En el Decreto se establece que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual actuará cuando “el responsable de un servicio de la sociedad de la información, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de tales derechos…”

 

Esta legislación refleja la tendencia a nivel mundial para combatir la piratería, por lo que tarde o temprano los autores mexicanos buscarán que disposiciones de este tipo se establezcan en nuestra legislación.

 

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