El pasado 9 de marzo, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, llamó a declarar el próximo 7 de abril a seis sospechosos de haber generado la violencia postelectoral en Kenia a finales del 2007, donde resultaron muertas al menos 1,300 personas y unos 300,000 desplazados.

 

Ya en diciembre pasado se había presentado el caso contra estas seis personas que son  el actual vicepresidente de ese país, quien también se desempeña como ministro de finanzas, Uhuru Kenyatta, otros dos ex ministros, un ex jefe de Policía, el jefe de los servicios públicos y un periodista.

 

Estas seis personas han sido acusadas de homicidio y de haber perseguido y deportado a numerosos opositores y deberán presentarse en La Haya frente al panel de jueces para que ellos determinen si existen pruebas suficientes para iniciar un juicio en su contra.

 

El gobierno de Kenia ya manifestó su desacuerdo por haberse fincado cargos contra estas personas. Ya había solicitado que el juicio se pospusiera un año y actualmente están buscando apoyo de otros países para lograr el aplazamiento, pero al conocer la noticia de que se han fincado cargos contra estas seis personas anunció que argumentará la falta de jurisdicción de la Corte Penal Internacional en este caso y es probable que pretenda iniciar los juicios al interior de sus fronteras.

 

Los acusados son aliados del actual presidente de Kenia, Mwai Kibaki así como del primer ministro, quien fuera el rival electoral de Kibaki en 2007, Raila Odinga. De ahí el interés gubernamental por detener las acciones de la CPI.

 

 

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