En Ecuador se llevará a cabo un referéndum, probablemente durante el mes de mayo, a fin de modificar la Constitución, que fue aprobada apenas en 2008, y algunas leyes secundarias.
Se trata de una consulta de 10 preguntas, las cinco primeras correspondientes a enmiendas constitucionales y las restantes a reformas de otras leyes. Estas preguntas fueron aprobadas el martes pasado por la Corte Constitucional de ese país.
La pregunta cuatro del referéndum es sobre la reforma del poder judicial. Si ganara el sí, se declarará cesante al Consejo de la Judicatura actual y será reemplazado por una nueva comisión integrada por un delegado del Ejecutivo, uno del Legislativo y uno de Transparencia y Control Social. Esta comisión contará con un plazo de 18 meses para reformar al sistema judicial.
Para el presidente de Ecuador, Rafael Correa, esta reforma debe incluir la creación de distritos y circuitos de justicia, además de un sistema de pagos y sanciones a los jueces según sus resultados.
Otras preguntas incluyen la creación de una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación de Medios, la limitación de inversiones de banqueros y medios de comunicación privados en sus respectivos ámbitos, la caducidad de la prisión preventiva, la prohibición de los juegos de azar y de espectáculos con animales como las corridas de toros, entre otros rubros.
La decisión de la Corte Constitucional de aprobar las preguntas ha sido cuestionada por sectores opositores ya que consideran que fue una decisión política y no jurídica. Incluso se ha cuestionado la constitucionalidad de dicha aprobación ya que las preguntas planteadas por el ejecutivo no fueron aprobadas como fueron enviadas sino que fueron modificadas para que no se vulneraran los postulados constitucionales. Juristas, e incluso magistrados, consideran que la Corte Constitucional se arrogó con ello funciones que no le corresponden puesto que solo debe verificar las leyes o normas y dictaminar si cumplen o no con la Constitución, pero no modificarlas como hicieron con el cuestionario.
La oposición señala que con el referéndum se instaurará una dictadura en el país por lo que ya se señaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la consulta busca implantar medidas totalitarias opuestas a la Convención Americana de Derechos Humanos pues se pretenden reformas que vulnerarían las libertades de expresión, de prensa y la libertad personal.
Sin embargo, notificada la aprobación del referéndum por la Corte Constitucional es muy poco lo que legalmente se puede hacer para oponerse a esta consulta. Así, el Consejo Nacional Electoral, una vez que el ejecutivo publique el decreto de convocatoria al referéndum, tiene 15 días para hacer la convocatoria oficial y 60 días para que se celebre el proceso.
Durante ese plazo los partidos opositores buscarán hacer campaña para cuestionar cada una de las preguntas para que los ecuatorianos no participen del proceso o voten en contra de las reformas propuestas.
Se calcula que para este proceso estarán empadronados 11 millones de ciudadanos ecuatorianos, lo que podría significar una erogación de $33 millones de dólares por este proceso de consulta.
Más información El Comercio
www.miabogadoenlinea.net
