Después de meses de investigación, finalmente el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, presentó el miércoles 15 de diciembre el caso contra seis personas en relación con los delitos ocurridos tras las elecciones de 2007 en Kenia.

 

La novedad de este caso es que se presenta el caso contra seis altos funcionarios de Kenia, iniciando por el viceprimer ministro Uhuru Kenyatta; e incluyendo al ministro de Industrialización, Henry Kosgey; al ministro de Educación, William Samoei Ruto; al secretario del Gabinete, Francis Kirimi Muthaura; al director de Operaciones de una importante radiodifusora, Joshua Arap Sang; y al director de los Servicios Postales, Mohamed Hussein Ali.

 

A diferencia de la acusación en contra de Omar al-Bashir, presidente de Sudán, acusado de genocidio, en contra de estos funcionarios no se emitieron órdenes de arresto sino citatorios de presentación razón por la cual se asumen como inocentes para que el juez decida, después de escuchar su defensa, si procede o no la causa en su contra.

 

Sin embargo existen requisitos para que los citatorios no se conviertan en órdenes de arresto entre los que destaca el presentarse ante la CPI, que los indiciados no hablen entre ellos y que no hablen ni contacten con las víctimas a fin de no influir en sus testimonios.

 

Para el fiscal Moreno Ocampo los actos ocurridos en Kenia en diciembre de 2007 cuando se desató la violencia por el proceso electoral, constituyen actos tan graves que pueden considerarse de lesa humanidad con lo que justifica la jurisdicción de la Corte. Sin embargo analistas de derechos humanos explican que lo sucedido difícilmente podría calificarse como delito de lesa humanidad y será eso lo que argumenten los indiciados para descalificar su proceso ante la CPI.

 

El fiscal Moreno Ocampo ha  criticado por centrar todos sus esfuerzos en África cuando hay otras acusaciones pendientes de investigación en la Corte y que provienen de otros países como la que hizo Colombia al presidente Hugo Chávez por supuestamente proteger a miembros de las FARC.

 

En el caso de Kenia será interesante seguir el curso de la investigación para conocer si los indiciados se presentan y i procede el caso en su contra, o si como Omar al-Bashir, se escudan en la protección de otros países africanos con lo que ha evitado su detención y el inicio del proceso en su contra por genocidio.

 

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