La lucha de los diferentes gobiernos hacia la protección de los derechos de autor ha generado legislaciones altamente controvertidas en varios países del mundo.

 

Nueva Zelanda no es la excepción y pese a que en el 2009 se abrogó una ley aprobada ese mismo año en que se atribuía la facultad a un tribunal de cortar el acceso a Internet a una persona que ha recibido notificaciones del gobierno por descargas ilegales, el parlamento está buscando pasar una nueva ley en este mismo sentido.

 

Estas leyes son controvertidas puesto que parten del principio de culpabilidad de las partes, quienes tienen que probar su inocencia, contrario al principio de las democracias actuales en que se presume la inocencia del acusado hasta probar su culpabilidad.

 

Mediante esta legislación se pretende que el Tribunal de Propiedad Intelectual esté facultado para ordenar la interrupción del acceso a Internet de quienes han sido reportados por realizar descargas ilegales de la red y a quienes se ha notificado previamente de que la conducta es contraria a la ley.

 

En este caso la persona a quien se desconecta el acceso tiene que probar, una vez que la desconexión se efectuó, que los contenidos descargados no estaban sujetos a derechos de autor o que él era el propietario de los mismos.

 

Especialistas en la materia señalan que se trata de una situación particular puesto que en Nueva Zelanda dos tercios de los casos que se litigan en materia de propiedad intelectual son desechados porque no se puede demostrar que se poseen esos derechos aunque con esta ley se presumiría la existencia de esos derechos aunque legalmente no existan.

 

Por realizar descargas ilegales de contenidos en la red han sido sancionadas varias personas en el mundo y por cientos de miles de dólares o hasta un millón de dólares como el caso de la primera demandada en Estados Unidos por descargas ilegales.

 

 

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