La Cámara de Diputados de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, aprobó la semana pasada una iniciativa de ley que penaliza a los medios de comunicación que cometan actos de racismo. Ahora corresponde al senado revisar esta iniciativa, aunque no se prevé rechazo de parte de ese órgano legislativo.
Se trata de una polémica iniciativa que los medios de comunicación han interpretado como una ley mordaza que viola la libertad de expresión y que será utilizado como un mecanismo gubernamental para controlar a los medios de comunicación. Los diputados oficialistas, por su parte, declaran que no se trata de una ley que vulnera derechos, sino de una que convierte a los medios en mecanismos de garantía a las víctimas del racismo para “cambiar conductas a partir de mecanismos de prevención y de sanción de conductas que afecten la dignidad humana”.
Esta iniciativa propone un artículo 16 que señala que los medios de comunicación que autoricen y publiquen ideas racistas y discriminatorias, se harán acreedores a posibles sanciones económicas y a la suspensión de la licencia de funcionamiento.
Medios de comunicación han señalado que en el caso de que un entrevistado exprese ideas racistas, la sanción será para el medio lo que convierte a la disposición en una arbitraria. Pero los diputados oficialistas han delirado que este tipo de situaciones se detallarán en el reglamento, el cual será elaborado por el ejecutivo, “con amplia participación” de los medios y de la ciudadanía.
En esta ley también se crean los delitos contra la dignidad humana, incorporando un capítulo más al Código Penal, por lo que el racismo pasa a ser una conducta criminalizada.
Con esta ley será creado el Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación y estará encargado de “promover, diseñar e implementar políticas y normativas integrales contra el racismo y toda forma de discriminación”. Aunado a la Fiscalía, este Comité estará facultado para recibir las denuncias de las víctimas de racismo y discriminación.
Diputados opositores anunciaron que de ser aprobada por el senado y ratificada, presentarán un amparo constitucional en contra del artículo 16 y del 23 que incorpora el aspecto penal de la conducta.
Analistas consideran que es importante enfrentar el problema del racismo, pero cuestionan si esta ley no logrará el efecto contrario que es dividir aún más a los bolivianos.
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